Valentina Armijo Soto - La Estrella Valparaíso

Hace sólo unos días se llevó a cabo la audiencia de formalización de cuatro ciudadanos extranjeros que pretendían trasladar drogas desde el Puerto de San Antonio hacia el de Rotterdam en Países Bajos. Entre los detenidos había uno de nacionalidad peruana, un albanés y dos chinos. Estos últimos requirieron de un intérprete que les explicara los cargos por lo cuales se les estaba acusando.

En primera instancia la sesión debió reprogramarse precisamente debido a la necesidad de disponer de un intérprete que permitiera a los extranjeros conocer los términos de la formalización.

Sin barreras idiomáticas

Con este caso en particular es posible advertir la la importancia de contar con profesionales para que la lengua no sea un impedimento al momento de ejercer y administrar la justicia.

Distintas instituciones proveen este servicio con el fin de que toda persona, imputado, víctima o testigo, cuente con dicha herramienta para poder aportar o entender cada una de las etapas del proceso judicial.

Disposición

La Fiscalía Regional de Valparaíso indicó que si bien el Ministerio Público tiene por misión ejercer la acción penal pública y proteger a víctimas y testigos, la ley no establece que la entidad sea responsable de contar con dichos trabajadores. No obstante, lafiscalía gestiona la presencia de estos en audiencias para disminuir la complejidad de la barrera idiomática.

"Siempre está la disposición para avanzar en este tema, ya sea con los juzgados, tribunales o defensorías en la región, con el fin último de que todas las personas puedan enfrentar el proceso", manifestaron desde la institución.

Mesa de acceso

En esta misma línea, la Defensoría Penal Pública de Valparaíso señaló que hace años cuenta con servicios de prestación personal de traducción para personas imputadas que no hablan español. En algunos caso, los representados realizan la solicitud al consulado o embajada correspondiente.

En 2020 fue integrada la Mesa de Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros, un trabajo colaborativo que permite el registro de personas extranjeras y migrantes enfrentados al proceso penal.

La unión contempla otras instituciones como Carabineros, el Instituto de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y DD.HH. y de Relaciones Exteriores, junto con la contribución por parte de la Policía de Investigaciones.

Instituto CONFUCIO

Respecto a idiomas, precisamente la Policía de Investigaciones cuenta con un convenio de chino-mandarín con el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás.

Su directora, Lilian Espinoza, explicó que "la PDI nos ayudaba con charlas cuando recién llegaban personas al instituto, así que hicimos este convenio de colaboración para enseñarles las costumbres y leyes chilenas, en qué deben tener cuidado y cosas así. Mientras que nosotros estamos capacitando a funcionarios de la PDI en chino mandarín".

Actualmente el intercambio lleva más de 2 años llevándose a cabo en Viña del Mar. En tanto que este año se instauró a nivel nacional. Junto con ello, los funcionarios pueden acceder a los cursos de cultura china como clases de caligrafía, papel picado y otras actividades tradicionales de la comunidad.

NECESIDADES V/s RECURSOS

El presidente regional del Colegio de Abogados de Chile, Alejandro Gómez, determinó el escenario como nuevo, incluso antes de la pandemia.

"Tuvimos dificultades con gente que tenía otra lengua y no español, por lo que me parece que es fundamental para el sistema de justicia, para que las personas puedan entender, en materia penal, de qué son acusadas y qué hechos se les imputa".

Junto con ello, Gómez se expresó a favor de más convenios con las embajadas y los consulados, para una mayor disponibilidad de estos actores debido a su obligación de ayudar a sus conciudadanos.

Respecto a una evaluación del sistema, el abogado en materia laboral plantea que "las necesidades son muchas y los recursos escasos. Quizás tener una persona para cada idioma es excesivo, pero deben haber algunos que sean los más habituales. Y así conformar un staff para personas de forma remota que puedan participar en las audiencias y ser quienes expliquen a quien lo necesite qué está aconteciendo en los tribunales".

Cabe destacar que si bien el Poder Judicial cuenta con un programa de traducción en lengua de señas e idiomas como el creole en su sitio web, la presencia de otros idiomas debe ser gestionado con anticipo dado a que requiere tiempo y disponibilidad del intérprete.