Valentina Armijo Soto - La Estrella de Valparaíso

Cinco funcionarios pertenecientes al Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) Valparaíso manifestaron síntomas de intoxicación tras verse expuestos a gases que emanaban aparentemente desde un desagüe.

El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 13 horas y movilizó a personal de Bomberos hasta el Servicio de Atención Médica de urgencia (SAMU) Valparaíso,ubicado en el cerro La Cruz, específicamente en subida El Litre con calle Nueva Las Rosas.

De acuerdo al reporte inicial, se trataba de una intoxicación masiva por gases que afectó a cinco funcionarios: una administrativa,tres paramédicos y un conductor, quienes presentaron picazón de garganta, tos, náuseas y cefalea.

Una vez en el lugar, voluntarios de la 11° Compañía del Cuerpo de Bomberos Valparaíso realizaron mediciones, percatándose de una fuga de ácido sulfhídrico proveniente del desagüe donde se encontró material orgánico en descomposición por lo que se realizó una ventilación forzada. De igual forma, se establecieron recomendaciones para prevenir escenarios similares.

Las mayores complicaciones las experimentó uno de los funcionarios debido a sus antecedentes de asma, por lo que debió recibir un tratamiento acorde a su cuadro. El resto de los afectados fueron trasladados hasta el IST, de acuerdo a lo comentado por Raúl Delgadillo, tesorero de la Asociación Fenats Unitaria Carlos Van Buren.

Desde el Hospital Carlos Van Buren y el Departamento de Gestión de Riesgos y Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio confirmaron, mediante un comunicado, el traslado, de acuerdo a la Ley de Mutualidades, y la estabilidad del personal de la institución.

En la emergencia también se hicieron presentes equipos de la sanitaria Esval, quienes apoyaron en la revisión de la red de alcantarillado, la que operaba sin inconvenientes ni parámetros fuera de lo normal.

El Banco Central dio a conocer ayer su primer Informe de Política Monetaria (IPoM) de 2023, en el que sostiene que la inflación sigue en "niveles muy elevados" y que esta caerá menos de lo previsto hacia final de año.

La presidente del instituto emisor, Rossana Costa, explicó que "a febrero, la variación anual del IPC se ubicó en 11,9%, cifra que, si bien es inferior a los máximos observados en el tercer trimestre de 2022, sigue estando muy por sobre la meta de inflación", a falta de conocer aún la medición de marzo.

Por ello el Banco Central calculó que "la inflación finalizará 2023 en 4,6% anual, cifra superior a la prevista en el IPoM anterior", en el que pronosticaban que estaría en torno al 3,6%. Recién a finales de 2024 estiman que esta llegará al 3%.

Si bien gran parte de los determinantes de la inflación han ido cayendo "la variación anual subyacente se ha mantenido en torno a 11% desde hace varios meses", detalló la institución, que aseguraó que se debe en parte a "la lenta corrección de los elevados niveles de consumo privado alcanzados en años previos".

"La revisión de las Cuentas Nacionales arrojó que entre 2020 y 2022 el consumo de los hogares fue en torno a US$4.300 millones mayor a lo estimado", agregó Costa.

Con 111 votos a favor, 34 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer las indicaciones ingresadas en el Senado al proyecto Nain-Retamal, que busca aumentar la protección de las policías y gendarmes, con lo que quedó lista para ser promulgada como ley. Pese a ello, parlamentarios del Partido Comunista y Revolución Democrática adelantaron que recurrirán al Tribunal Constitucional contra dos de sus acápites, algo que también evalúan en Convergencia Social, que es la colectividad del Presidente Gabriel Boric.

En la Sala se discutieron las indicaciones ingresadas el martes en el Senado, donde se aprobó en general y en particular la iniciativa impulsada por partidos de Chile Vamos, que finalmente acogió algunas variaciones ingresadas por el Ejecutivo.

Negociación

El proyecto, bautizado en honor a los carabineros Eugenio Nain y Carlos Retamal, asesinados mientras cumplían funciones, persigue entre otros aspectos establecer la legítima defensa privilegiada, endurecer las penas y reducir los beneficios a quienes ataquen, agredan o maten a carabineros, PDIs y gendarmes.

Gracias a negociaciones con la oposición el Gobierno logró ingresar modificaciones a uno de los artículos más controvertidos: la legítima defensa privilegiada.

Este originalmente permitía carabineros, gendarmería y PDIs usar sus armas cuando se actuara en defensa propia, de terceros o para impedir un delito.

Con la enmienda ingresada por el Gobierno y aprobadas por ambas cámaras, el derecho se restringió a una agresión que pueda afectar gravemente la integridad física o la vida de policías o las de un tercero. Con ello también se eliminó la causal de legítima defensa frente a ataques sin armas de dos o más personas y se redujo la amplitud de actuación cuando el uniformado tenga que impedir un delito que no ponga en riesgo la integridad ni la vida de las personas.

Estas modificaciones en la Cámara fueron aprobadas con 87 votos a favor, 51 en contra y 3 abstenciones

A ello se agregó que si en tribunales se demuestra que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamento menos letal se deberá considerar la circunstancia como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en virtud de uno, dos o tres grados, "salvo que concurra dolo", se precisó.

En la discusión el Gobierno tuvo que abandonar su idea de radicar en el Código de Justicia Militar el nuevo estatuto de legítima defensa y accedió a incluir el principio a favor de agentes de Estado en el Código Penal como decía originalmente el proyecto de Chile Vamos.

La ley fue aprobada por la Cámara con votos en contra principalmente de diputados del Frente Amplio y el PC.