Gian Franco Giovines - La Estrella de Valparaíso

Desazón y malestar se vive en distintas agrupaciones vecinales de la región. Esto, luego de que la Seremi de Educación quitara en febrero pasado la subvención estatal a los centros educacionales para adultos que funcionaban en diversos centros comunitarios del Gran Valparaíso.

Cierre definitivo

De acuerdo a una resolución exenta emitida el 21 de febrero por la Secretaría Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso a los sostenedores de estos centros educacionales, se definió "un itinerario de cierre definitivo de esta modalidad, basado en un criterio territorial".

La decisión del órgano estatal, según explica el documento, implica el cese definitivo de las clases en los centros comunitarios y juntas vecinales, salvo la excepción de aquellos alumnos matriculados en 2022 y que desean finalizar sus estudios este año.

No obstante, desde las juntas vecinales aseguran que la decisión ministerial dejará a muchas personas varadas, sin la posibilidad de terminar sus estudios.

Una de las afectadas, es la sede social del Comité Villa La Pradera, que educa a cerca de 35 estudiantes adultos del Campamento Manuel Bustos, el más grande de todo Chile. Su presidenta, María Tapia Díaz, explica los alcances de la decisión:

"Nosotros desde el 2006 que como sede social hacemos clases... Incluso yo saqué el cuarto medio en la sede. Hay muchas personas que han terminado su enseñanza básica y media en las sedes sociales, y hoy nos quitaron ese privilegio", afirma Tapia.

"Imagínate que yo tengo 35 alumnos que hoy están volando y que no van a seguir estudiando, porque para ir a los colegios les queda muy lejos. Esto es grave", añade la dirigenta viñamarina, quien destaca la importancia de estos espacios, encargándose de acortar la brecha educacional entre los estratos sociales más vulnerables.

"Si uno tiene un estudio, tiene un mejor trabajo. Les están cortando las alas", concluye Tapia.

Asimismo, Graciela Jerez, dirigenta de la JJVV Alborada de Forestal y encargada de la sede vecinal del Centro Educacional Pitágoras en Forestal, advierte que los alumnos "son adultos y jóvenes que porque son padres u otros motivos dejaron de ir al colegio, o que no tienen los medios para pagar una movilización a un colegio".

"amerita análisis"

El core Manuel Millones, indicó al respecto que "he tratado de obtener una explicación formal del ministerio y la respuesta recibida obliga a una reunión formal de la Seremi con la comisión de educación del consejo regional, ya que por todos los antecedentes aportados por Mineduc se amerita un análisis de lo planteado por los dirigentes".

"Espero que este impasse se resuelva (...) A causa de la pandemia miles de estudiantes abandonaron sus estudios, y en vez de poner el foco en esa tragedia, el ministerio le pone obstáculos a las personas que desean superarse", concluyó la autoridad.

3.500 adultos estudian enseñanza básica o media en la Región de Valparaíso.

Un recurso de protección para que se tomen medidas para detener el escurrimiento de aguas servidas provenientes de la cárcel de Valparaíso presentaron vecinos del cerro Yungay. La acción judicial está dirigida en contra de diferentes entidades, entre ellas, Gendarmería y el Ministerio de Justicia.

Ante esta problemática que se ha agudizado en las últimas semanas, la presidenta del Comité de Adelanto Miguel Ángel Alto, Evelyn Silva, remarcó que "ya es mucho, estamos aislados de todo, porque la cárcel no se hace responsable (...) se están tapando las cámaras de más abajo. No han ido a sanitizar. Hay mucha gente enferma en este momento y queremos que nos den solución".

Por su parte, el diputado Tomás Lagomarsino, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, quien acompañó a los vecinos a la Corte, enfatizó que las familias además se están viendo afectadas "porque la locomoción no está subiendo" y porque las aguas servidas han "atraído plagas, mosquitos, han provocado diarreas, vómitos, cuadros gastrointestinales (...)"

Ante este recurso, desde la Seremi de Justicia indicaron que han sido parte de las gestiones para entregar solución.En ese sentido, se ha abordado "a través de los equipos de todas las instituciones vinculadas a la problemática", dijo la seremi Paula Gutiérrez.

Carabineros entregó ayer un nuevo balance de los detenidos por orden judicial en lo que va de este año 2023. última semana.

Desde el 1 de enero hasta el 3 de abril del presente año, se ha capturado a 94.566 personas por orden judicial, de las cuales 34.223 tienen reiteraciones en cuanto a órdenes judiciales pendientes.

Además, desde la institución comunicaron que los 10 detenidos más avezados registran entre ellos 575 reiteraciones por orden judicial. De ellos, el más prolífico, un hombre de 41 años y nacionalidad chilena, tiene 63 aprehensiones por órdenes judiciales y 50 por reiteraciones de diferentes ilícitos como robo (17), hurto (9) contra la salud (6), amenaza (3), lesiones leves (2) y otros delitos (13).En tanto, entre el 27 de marzo y el 2 de abril se detuvo a 7.561 personas.