Francisca Palma Schiller

Tras años de discusión en el Congreso Nacional, este año comenzará a operar la Ley REP, iniciativa que obliga a 14.500 empresas del país a financiar la recolección y reciclaje de los residuos que ponen cada año en el mercado.

Es que la importancia de la ley no solo recae en la consolidación del reciclaje para los próximos años, punto clave para el mundo actual, sino que también moverá la aguja en cuanto a la forma de entender el proceso, ya que la legislación determina que la recolección deberá ser puerta a puerta.

Con el objetivo de explicar la norma, como también la importancia que tendrán los sistemas de gestión de residuos o Gransic, encargados de realizar la recolección de estos residuos en los hogares y construir puntos limpios en todo el territorio nacional, Isidro Pereda, gerente general de ReSimple, entregó los detalles que envuelven a este histórico y necesario proceso.

"Si tú eres una empresa que vende un producto envasado, ya sea porque lo envasaste en Chile o porque previamente viene envasado de afuera, tú te tienes que hacer cargo de organizar y financiar la recolección de ese envase que quedó como residuo. En ese sentido, ¿cómo lo operativizan? Se organizan colectivamente en un ente, que es una corporación sin fines de lucro, un sistema colectivo de gestión: ReSimple es el primer sistema colectivo de gestión, para el cumplimiento de la Ley REP", explica Isidro Pereda.

Con metas a largo plazo, las empresas deberán cumplir tres puntos: "En primer lugar, tienes que cumplir metas de reciclaje. Segundo, tienes que prestar un servicio de reciclaje desde las puertas de las casas de manera creciente: cuando estemos en el año 12 de la aplicación de esta ley, tiene que estar cubierto el 80% de las viviendas. Por último, se tendrán que poner puntos limpios: el primer año se instalarán, aproximadamente, 90 puntos limpios en todo Chile y en 4 años, 350", detalla.

Con el fin de que los municipios del país entiendan los pormenores de esta ley, es que este miércoles ReSimple firmará un acuerdo de colaboración con la Asociación de Municipalidades de Chile, en Valparaíso. "La ley es una extraordinaria noticia para los municipios, porque cada kilo que nosotros reciclemos, es cada kilo que ellos no van a tener que botar a la basura, por lo tanto, un gran ahorro. Por otro lado, en aquellos municipios que tienen servicios de reciclaje funcionando, se van a ahorrar ese dinero", precisó Pereda. "Con la Asociación lo que queremos hacer es transmitir y explicarles esta ley, indicarles de qué se trata todo esto", agregó. Para más información al respecto de esta temática se puede visitar el sitio web www.resimple.cl.

Un día después de haber asumido en la Fiscalía Nacional, Ángel Valencia le solicitó a todos los directivos su renuncia, incluida Marta Herrera, la segunda carta del Gobierno para asumir ese puesto.

Según anunció La Segunda ayer, el persecutor, que está de viaje en la Región de La Araucanía, habría realizado la acción a través de un correo electrónico.

De acuerdo al medio, en el caso de la ahora, exdirectora de la Unidad Especializada Anticorrupción, se cruza con la controversia entre ambos luego que Herrera dijera en una entrevista con CNN que su actual jefe, en medio del proceso de elección al cargo, había tenido una comida con personeros de la UDI. "Entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia, con gente vinculada entiendo que al mundo de la UDI. Entiendo, no sé detalles, insisto, que participó Andrés Chadwick, el exministro del Interior, estaba el señor Valencia, no sé de otras personas", sostuvo.

Otras de las tareas pendientes de Valencia será llenar el cargo de la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía Nacional, que quedó vacante luego que la abogada Francisca Werth renunciara cuando el ex fiscal Jorge Abbott cumplió el tope de edad para ejercer el cargo. Hasta ahora, Valencia sigue trabajando con Andrea Seguel, la profesional que llegó con el ex fiscal Sabas Chahuán a la jefatura de gabinete y que continuó con Abbott.

La exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, expuso ayer ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional presentada por el Partido Republicano contra el ministro titular de esa cartera, Giorgio Jackson. En la instancia aseguró que fue víctima de "una operación política, de maltrato y de abuso de poder".

Hidalgo dijo que hubo presiones "por parte de mis superiores jerárquicos para votar de una manera contraria a la cual hubiese sido mi deseo en el Servicio de Evaluación Ambiental de diversos proyectos de la Región Metropolitana".

Al ser consultada por si los seremis votan de acuerdo a instrucciones del Gobierno, Hidalgo dijo que "los seremis si bien participan de un gobierno y son funcionarios de confianza, eso no los convierte en personas obsecuentes y añadió que pese a su cercanía ideológica con el Frente Amplio "eso no quiere decir que a mí me van a dar instrucciones o me van a mandar a hacer cosas con las que no esté de acuerdo".

También ayer el ministro Jackson presentó un documento con sus descargos y nuevamente volvió a negar las presiones de las que es acusado. "Quiero transmitir toda la tranquilidad, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que he obrado de manera correcta", señaló.

A partir de ahora la comisión tiene seis días para analizar la acusación. Luego la Cámara sesionará para ver si se acoge.