Como parte del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres", el Gobierno anunció ayer que el sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES) cubrirá la atención integral para víctimas de agresiones sexuales agudas.

El anuncio fue dado a conocer por las ministras de la Mujer, Antonia Orellana, y de Salud, Ximena Aguilera. Esta última informó que la medida. que se incorporó "a partir del primero de octubre", significará "un gasto de al rededor de 9.600 millones de pesos" y "garantizará la atención médica inmediata, los exámenes y tratamientos para la prevención de exámenes y tratamientos para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y acompañamiento de salud mental para las agredidas".

A estas prestaciones pueden acceder quienes en un plazo de 72 horas o menos hayan sufrido un ataque sexual que considere contacto físico con genitales, con o sin intercambio de fluidos.

Por su parte, la titular de la Mujer, Antonia Orellana, sostuvo que la medida es "un piso mínimo de reparación respecto de la violencia sexual", pues "hemos sufrido en los últimos siete años un alza de los delitos de violencia sexual (...) Cada 14 minutos una mujer es víctima de una agresión sexual en nuestro país".

Además, la ministra de la Mujer dijo que espera una próxima aprobación en el Congreso de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujeres.

La Fiscalía Regional de Valparaíso reaccionó a una denuncia del sitio de investigación periodística Ciper Chile y anunció la apertura de una indagatoria de oficio por el presunto mal uso de parte de algunos diputados de una tarjeta para recargar combustible para sus vehículos de trabajo. De acuerdo al sitio, varios parlamentarios entregaron la mentada tarjeta a familiares y cercanos, lo que se habría visto favorecido por una laxa fiscalización. Dos de los sindicados, el republicano Cristóbal Urruticoechea y Claudia Mix (Comunes), negaron alguna irregularidad. El primero acusó una "mentira de la izquierda", mientras que la segunda dijo que su tarjeta la usa otra persona porque no tiene licencia de conducir. Quien investigará el caso será el fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción , Claudio Rebeco.