Diego Gotelli C.

Tras varios idas y vueltas entre el pleno y la comisión, la Convención terminó de definir ayer la base del Poder Legislativo que propondrán en el borrador. En su última oportunidad para ser deliberado, gran parte de los ajustes hechos en la instancia de Sistema Político consiguieron el quórum de los 2/3.

Entre lo aprobado se definió que el legislativo se componga por un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones.

Dicho Congreso estaría conformado por no menos de 155 miembros electos, con atribuciones exclusivas para fiscalizar actos del Gobierno; admitir o rechazar la renuncia de un Presidente y otorgarle su acuerdo para que salga del país; y admitir acusaciones contra el Presidente, ministros de Estado, jueces y el contralor general, altos mandos policiales y de fuerzas armadas, y gobernadores regionales.

De prosperar estas acusaciones deberán ser vistas por la Cámara de las Regiones, a la que se le confirió la atribución exclusiva de resolver como jurado, requiriendo dos tercios de votos para destituir a un Presidente o gobernador, y mayoría en el resto de cargos.

En esta nueva Cámara, que reemplazaría al Senado, su cantidad de representantes y cuántos se elegirán por zona se definirá en una ley, pero se estableció que todas las regiones tengan el mismo número de electos, que no podrán ser inferior a tres. Éstos deberán haber estado avecindados por a lo menos cuatro años en la región (dos años en los diputados) y ser mayor de edad.

El nuevo órgano tendría atribuciones en 18 materias llamadas "leyes de acuerdo regional", entre las que figuran las reformas constitucionales; las que modifiquen tributos; las que irroguen gastos al Estado; las relativas a la salud, educación y vivienda; las de presupuesto; y las que regulen el funcionamiento de la justicia y del poder legislativo.

La definición del listado fue uno de los nudos más debatidos en la instancia. Ayer se aprobó por 111 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones, con apoyo del representante DC Fuad Chahín y de miembros de Vamos por Chile (Hernán Larraín, Cristián Monckeberg y Raúl Celis), sectores que no suscribieron el acuerdo en comisión y que han cuestionado esta composición legislativa.

En la jornada además se aprobó que todo órgano del Estado y directorios de empresas públicas deben tener al menos 50% de sus integrantes mujeres.

Al cierre de esta edición el pleno seguía votando.

Largas filas de vehículos se vieron ayer en las bencineras del Gran Concepción y ciudades cercanas, que colapsaron ante el riesgo de que la zona sur se quede sin suministro de combustible.

La alerta la dio temprano la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), que informó la detención de todas sus operaciones en la zona sur debido al bloqueo de accesos a su refinería y del Terminal Marítimo San Vicente por parte de trabajadores contratistas en paro.

La situación se revirtió varias horas más tarde. De acuerdo a una declaración pública enviada por la estatal al cierre de esta edición: Hoy viernes 6 de mayo, a partir de las 20 horas, han iniciado su ingreso 180 trabajadores a la planta de Refinería Bío Bío y al Terminal San Vicente, luego de estar bloqueados sus accesos desde el lunes en la mañana".

La firma informó que "dadas estas condiciones hemos retomado las operaciones de logística en forma segura, que nos permitirán reiniciar el suministro de combustible en las próximas horas".

Sobre lo ocurrido, el Presidente Gabriel Boric dijo que apuntarán a resolver el conflicto con diálogo, pero advirtió que "el Gobierno tiene que proceder como corresponde", aludiendo a una eventual aplicación de la Ley de Seguridad del Estado para garantizar el suministro de combustibles.

Antes, la ministra del Interior, Izkia Siches, señaló que se instruyó a la Delegación Presidencial de la zona a tomar "todas las acciones" para mantener las vías de Enap despejadas.

Ayer sesionó por primera vez el Consejo para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de prevención y control del crimen organizado, cita que se dio en medio de un recrudecimiento de los hechos de violencia y delincuencia en el país, para lo cual en la víspera el Presidente Gabriel Boric llamó a llegar a un acuerdo nacional para enfrentarlo.

En la cita los ministerios del Interior, de Defensa, Hacienda y de Justicia, Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Estado Mayor Conjunto, la Dirección General del Territorio Marítimo (Directemar), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Servicio Nacional de Aduanas acordaron que el combate del narcotráfico y la tenencia ilegal de armas serán prioridades.

Para trabajar en esa tarea el Gobierno decidió incorporar también al consejo a representantes del Ministerio Público, la Agencia Nacional de Inteligencia Servicio de Impuestos Internos (SII), la Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

"Se ha tomado la decisión de ampliar las capacidades del Estado en materia de asesorías para la lucha contra el crimen organizado", dijo el subsecretario del Interior, Mario Monsalve.

El Presidente Boric reiteró ayer su llamado a alcanzar un acuerdo nacional contra la violencia que afecta al país. "Espero que todos los sectores políticos y la sociedad civil también, porque acá son importantes los dirigente vecinales que conocen su realidad en los barrios, se plieguen a este espíritu, esta necesidad, de un acuerdo", afirmó en radio Soberanía de Puerto Natales.

"Para que le pongamos urgencia a determinadas leyes, para que destinemos los recursos necesarios en infraestructura deportiva, en iluminación, en recuperación de los barrios para un acuerdo nacional de seguridad que tenga una perspectiva policial de persecución al delito y también de reinserción social y recuperación de vida cívica en los barrios", agregó.

Desde la oposición el llamado fue recibido con frialdad en general, pues plantearon que esto debería formalizarse más allá de un pedido por los medios.