Imputados por trata de personas y lavado de activos quedaron libres
Los hechos habrían ocurrido en Quillota, La Calera y San Felipe. La jueza de garantía estimó que faltan argumentos para establecer los delitos.
Belén Velásquez - La Estrella de Valparaíso
Por siete horas se extendió la formalización de los nueve sujetos que en Quillota fueron imputados por trata de personas, asociación ilícita y lavado de activos, para quienes el Ministerio Público pedía prisión preventiva.
Sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud y tras un largo debate la jueza Laura Catalán ordenó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para cuatro imputados y arraigo con firma mential para los cinco restantes.
En la comunicación de cargos, la fiscal Gabriela Fuenzalida relató que la investigación comenzó en 2021 luego de una denuncia que daba cuenta de una página web que ofrecía servicios sexuales.
Agentes encubiertos
De esta manera, la PDI comenzó a efectuar diligencias intrusivas como escuchas telefónicas y la intromisión de agentes encubiertos, logrando establecer que por lo menos desde diciembre de 2020 hasta el presente mes Jimmy Ceballos, Rodrigo Pérez, Diana Bastidas, Vanesa Silva, Jocelyn Moyano, Mónica Lobos, Boris Vargas y Manuel Ceballos crearon "una organización estructurada", con "roles específicos" cuyo fin era "la comisión reiterada, sistemática y permanente del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y de prostitución", indicó la fiscal.
La persecutora dijo que buscaban "promover y facilitar el ingreso al país de mujeres extranjeras para el ejercicio de la prostitución" en dos inmuebles ubicados en Quillota, uno en La Calera y otro en San Felipe.
Los roles
La jerarquía de la organización la encabezaba J. Ceballos, según la fiscal, teniendo dentro de sus varias funciones captar a las víctimas -en su mayoría colombianas y venezolanas-, pedir rendiciones, entre otras.
Pérez, dijo la fiscal, se encargaba de la administración y de la seguridad; mientras que las mujeres -en términos generales- administraban inmuebles, captaban mujeres para luego fotografiarlas y promocionarlas en sitios web, se encargaban de la estadía de las víctimas, entre otras acciones.
Por su parte, Vargas dentro de diversos roles, creó una empresa de control de plagas y sanitización que resultó ser "de papel", pues era utilizada -por ejemplo- para contratar servicios Transbank.
En cuanto a las víctimas, Fuenzalida sostuvo que eran contactadas a través de terceros con "ofrecimientos engañosos" y aprovechándose de su vulneravilidad" ingresando algunas por el aeropuerto de Santiago, así como otras lo hacían por pasos fronterizos ilegales del norte del país.
Una vez en el lugar, la fiscal afirmó que se les realizaban contratos falsos, por ejemplo, de trabajadoras de casa particular, expuso Fuenzalida, quien relató que las mujeres eran sometidas a multas si es que no pasaban determinado tiempo encerradas y en los casos que lograban huir, muchas veces volvían debido a su condición de vulnerabilidad.
Tras las alegaciones de las defensas, la magistrada Catalán dijo que por lo expuesto por Fiscalía "no hay argumentos que permitan establecer una base concreta para colegir la ejecución" de estos hechos. "Se desprende que las mujeres ingresan por sus propios medios al país. Ellas con pleno conocimiento aceptan la oferta para trabajar y ejercer la prostitución, algunas deciden voluntariamente irse del lugar y después volver", lo que "debilita la figura base", dijo la jueza.