Patricia Nieto - Agencia Efe

Zoila Quiroz, de 72 años, se acuerda con "nostalgia" de cuando era niña y su natal Petorca, una pequeña localidad del centro de Chile, estaba bañada por un caudaloso río que daba de beber a cientos de plantas y animales y era el sustento de miles de campesinos.

Apenas medio siglo después, al panorama es muy distinto en su pueblo, epicentro de la sequía en Chile: los pozos se secan, los cultivos y el ganado se muere, y alrededor de 3.000 personas reciben agua en camiones aljibe.

Muy cerca de sus parcelas, los cerros se cubren de un manto de miles de frondosos paltos, un cruel síntoma de la acaparación de recursos hídricos por parte de empresas privadas y la falta de regulación que se da en Chile.

Esta paradójica estampa es la imagen con la que han crecido las tres generaciones de mujeres de la familia Quiroz: Zoila, su hija Rosalba (38 años) y su nieta Pascuala (12 años), así como otras tantas mujeres dirigentes vecinales y activistas ambientales consolidadas que han protagonizado la lucha contra la escasez hídrica en Chile.

"Nos robaron todo, nos quitaron hasta la dignidad. Hubo un momento en que teníamos que elegir si ducharnos o lavar la ropa. No nos quedó otra que pelear", aquejó a Efe la anciana, que lleva décadas resistiendo en este pueblo.

Mujeres en "guerra"

Chile es el país con la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76 % de su territorio está afectado por la falta de agua, según Greenpeace.

Los expertos lo achacan a la escasez de lluvias -en 2021 se registró el cuarto año más seco desde que se tienen registros- pero también al régimen de propiedad de agua, que no está priorizado para consumo humano y se encuentra en un 80 % en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.

En esta localidad en concreto son alrededor de 30 empresas, varias dedicadas a la explotación de paltas (una fruta que requiere ingentes cantidades de agua para crecer), quienes aglutinan el 60 % del recurso, reivindica Magdalena Morgan, presidenta de la Cooperativa de Agua de Petorca.

"Aquí solo tiene agua el que paga. Una palta vale más que una persona. Es un modelo explotador, un despojo, por eso esto se ha convertido en una guerra", afirma a Efe la geógrafa, de 26 años, mientras camina por el cauce seco del que otrora fue el río Petorca.

Defender el agua

Para Morgan las mujeres han sido "clave" en la reivindicación de la escasez hídrica, especialmente las campesinas, en quienes "tiende a recaer la tarea de cuidar a la comunidad mientras el hombre sale a trabajar, habitualmente a la mina".

Está de acuerdo la activista Marileu Avendaño, portavoz del Movimiento por el Agua y los Territorios, que explica que aunque el mundo de las instalaciones hídricas pueda parecer "muy masculino", han sido las mujeres de Petorca las que han cavado pozos, instalado tuberías y las que dirigen los comités de Agua Potable Rural, organizaciones vecinales que gestionan el agua.

"Al principio eran las más mayores de la comunidad rural y ahora son también mujeres más jóvenes con formación universitaria", sostuvo a Efe.

Las que se han expuesto más ante los medios de comunicación han llegado a sufrir "hostigamiento y ataques", denuncia por su parte Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

"Es un imperativo atender el nivel de violencia al que se exponen estas defensoras ambientales", dijo a Efe.

Estas mujeres enfrentan también "innumerables obstáculos cuando intentan denunciar lo sucedido" y hasta ahora se encontraban desprotegidas porque Chile no había firmado el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de la región y el único orientado a proteger a los activistas, que el actual presidente suscribió el pasado viernes.

Nueva constitución

Una de las defensoras del agua más reconocida es Carolina Vilches, que después de décadas en terreno pasó a defender el derecho al agua desde un asiento en el exCongreso Nacional, sede la convención que redacta la nueva Constitución de Chile.

Ella y otra veintena de convencionales tienen como objetivo incluir el agua como un bien público y priorizado para consumo humano en la nueva ley fundamental, uno de los reclamos más habituales de las protestas por la igualdad de 2019.

"La nueva Constitución podría significar el fin de la regulación actual, que provocó que miles de personas se quedaran sin agua a costa del sobreotorgamiento y sobreexplotación de las cuencas", detalló a Efe Paulina Bernal, defensora el agua y coordinadora territorial de Vilches.

Su misión, añadió, debe ser terminar con la "injusticia" del actual sistema, un modelo basado en el Código de Aguas de 1981 -redactado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)- que entregó a perpetuidad los derechos de agua y los convirtió en bienes transables.

"Llevamos años luchando pero ya no nos quedan muchas fuerzas. Nuestra esperanza está toda puesta en la nueva Constitución", concluyó Quiroz.