Belén Velásquez - La Estrella de Valparaíso

Cuestionamientos generó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó el recurso de protección presentado por una alumna de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) en representación de la asamblea de estudiantes de la carrera.

La acción alega la afectación del derecho al respeto y protección a la vida privada y a los datos personales consagrados en la Constitución.

Lo anterior luego de que la universidad modificara su Aula Virtual, fotografiando -a través de las cámaras de los estudiantes- cada 30 segundos a alumnos que rendían exámenes vía telemática, imágenes que luego debían ser revisadas por un profesor con el fin de evitar un fraude académico, es decir, la copia.

CONSENTIMIENTO CONDICIoNADO

La medida, dice el recurso, "pone en riesgo la privacidad y la honra de quienes nos vemos obligados a consentir a dicha medida para poder rendir evaluaciones de carácter obligatorio" y sostiene que dicho consentimiento "no resulta libre ni espontáneo, toda vez que las opciones son acceder a la medida o reprobar la evaluación, viéndose forzada la persona a consentir con tal de no sufrir las consecuencias aparejadas a obtener un mal resultado, como lo son la pérdida de la gratuidad, becas estatales o universitarias, o simplemente contar con la tranquilidad y satisfacción que da obtener buenas calificaciones".

En el informe que la Corte solicitó a la PUCV, esta señala que la medida se adoptó ante "la falta de honestidad de un grupo preocupantemente alto de estudiantes de la Escuela (de Derecho)" y afirma que "no hay lesión a la privacidad, toda vez que el estudiante habrá consentido en el registro que realizará el sistema", aunque reconoce el informe que "si no presta su consentimiento no podrá acceder" a la evaluación.

Asimismo, se indica que la PUCV debe asegurar "obtención de resultados exitosos" en el marco de su acreditación.

El informe también afirma que más de diez universidades, como la PUC y la de Chile, han implementado el mismo sistema.

El fallo de la Corte, que establece que no hay arbitrariedad y que no es posible constatar derechos vulnerados, no es compartido por algunos abogados, quienes apunta a una implementación deficiente de la medida.

Medida equívoca

El penalista y exfiscal Claudio Uribe sostiene que "en general no comparto el criterio de la Corte". "Cuando eres estudiante es bastante relativa tu capacidad de consentir. Es una relación jerárquica, entonces puede que no sea ilegal, pero por lo menos poco prudente (…) En definitiva, es una medida bastante invasiva y equívoca porque lo que ves a través de la cámara no es la realidad total. Quizás debió buscarse otra medida".

Por su parte, la apreciación jurídica del también penalista y exdefensor público, Víctor Demaría, apunta a que es "procedente, plausible, y razonable" lo planteado por el estudiantado, señalando que "lo más llamativo es la sanción en costas (pago) porque el Código Penal regula que no se debe condenar en costas cuando hay motivo para litigar".

El jurista coincide en que "es difícil un consentimiento libre y espontáneo en una relación jerárquica alumno-profesor, más en una evaluación. Básicamente hacer un click o no es la opción de aprobar o no un ramo" y "cualquier medida donde no hay posibilidad de decir que no, es excesiva y puede dar lugar a ilegalidades o arbitrariedades".

"Es un consentimiento que debe ser expreso, informado, idealmente escrito y con posibilidad de ser revertido en cualquier minuto", dice Demaría, quien señala que la ley y tratados internacionales hacen inferir que el manejo de la información en cuestión, como imágenes, "debe estar sujeto al control del titular (...) "A mí me parece que lo que hace la PUCV es una videovigilancia que excede el marco de lo educativo".

Carabineros confirmó la baja de dos funcionarios del retén de Panquehue luego de que la concejala de la comuna, Gabriela Vega, los pillara in fraganti durmiendo al interior de un vehículo particular en horario de trabajo durante el turno de la noche.

La situación fue dada a conocer por la edil a través de su cuenta personal de Facebook, donde publicó un video en el que ella se acerca a un auto gris, en cuyo interior había dos funcionarios de uniforme. Las partes entablan una conversación en la que ella dice que en reiteradas ocasiones había solicitado ayuda, informándole desde la unidad policial que concurriría personal desde la vecina comuna de Catemu, según Vega. En ese contexto es que los funcionarios indicaron que no tenían vehículo institucional disponible y al momento de percatarse de que Vega los grababa, el video muestra cómo uno de los carabineros cierra la puerta del móvil y ambos funcionarios se retiran del lugar en el vehículo mencionado.

El relato

"Aquí está Carabineros, llevan como dos horas. Están descansando mientras los llamo como cinco veces al retén. (…) Seguro me van a tirar el auto encima", se escucha que dice la autoridad.

Desde Carabineros confirmaron la apertura de una investigación interna y la baja de dos funcionarios, indicando que "es materia de investigación" las horas que llevaban los funcionarios trabajando y si efectivamente no había carros disponibles.