Pese a que el Recetario Magistral es de la esencia de la profesión de los y las químicos farmacéuticos, que representa una evolución en la medicina al poder "personalizar", los fármacos de acuerdo a las características particulares de cada usuario; que, dada la habitual situación de déficit presupuestario del Sistema Nacional de Salud, los Preparados Magistrales son una forma rápida y económica de acceder a medicamentos para los Servicios de Salud; y que la existencia del Recetario Magistral es sí un elemento regulador morigerante de los precios de los fármacos, en un mercado hiperconcentrado como el de nuestro país, este es constantemente atacado por intereses económicos que no trepidan en afectar la salud de la población en pos de la defensa de sus abultadas ganancias.

El mayor ataque vino en el 2010 con el nefasto decreto 79/2010 que, entre otras aberraciones, limita la vida útil de los preparados magistrales a 40 días, una "innovación" presente solo en Chile, cuando internacionalmente se sitúa la vida útil entre los seis meses y un año. También limita la preparación de los preparados magistrales solo a dosis distintas a las registradas por la industria farmacéutica, estén o no estos disponibles en Chile y aún que estos sean impagables por la población.

Frente a estas arbitrariedades, en el 2016 la Cámara de Diputados por unanimidad solicitó a la entonces Presidenta Bachelet que revirtiera el arbitrario decreto 79/2010, en los términos antes plantados.

La ministra de Salud de la época inició el proceso de modificación, que no tiene mayores misterios, pero a la fecha, con dos consultas públicas de por medio, el proceso sigue durmiendo en el ministerio de Salud, mientras miles de pacientes ven imposibilitado el acceso a muchos medicamentos, ya sea por el elevado precio o la nula disponibilidad en plaza de estos.

Debo señalar tajantemente que el Recetario Magistral no es ni será una amenaza para el negocio de las grandes compañías farmacéuticas, pero al revelar la magnitud del abuso en sus precios, prefieren aniquilarlo, aún si con ello, se llevan por delante a los miles de pacientes. Pero en este esfuerzo, la industria cuenta con la complicidad de los diferentes gobiernos para no llevar adelante medidas tan simples pero que generarían un enorme beneficio para la población.

También intentamos infructuosamente instalar estas normas en el polémico proyecto de ley de Fármacos II con el fin de evitar que por la vía administrativa se puedan llevar adelante acciones en contra de la salud de la población. Pese a ingresar dos indicaciones vía diferentes bloques políticos, entre gallos y medianoche, fueron retiradas por sus autores sin explicaciones, sin discusión. Siempre a espaldas de la ciudadanía.

Ahora la palabra está en manos del nuevo gobierno quien señala que nuestro país será libre de tutelas externas, esperemos que una de esas tutelas, sea la de la poderosa y omnipresente industria farmacéutica.

Una potente muestra sería sacar a la luz pública el Decreto 79/2010 y cumplir con lo han solicitado en el año 2016 la Comisión Investigadora de los Medicamentos y votada en forma transversal y unánime en favor de sus cambios por la Cámara de Diputados.

Entre algunos de los votantes de entonces podemos señalar al exdiputado y actual Presidente de la República Gabriel Boric; la exdiputada y exministra Karla Rubilar; a los actuales senadores Juan Luis Castro y Javier Macaya; al actual ministro Giorgio Jackson, a la diputada Karol Cariola, al exministro Jaime Bellolio, a la actual ministra Camila Vallejo, etcétera, por mencionar algunos de los 103 diputados presentes que han votaron en forma transversal por las modificaciones al proteccionista Decreto 79/2010.

La palabra la tienen ahora nuestro Presidente Gabriel Boric y la señora doctora ministra de Salud María Begoña Yarza.

Patricio Novoa Valle

Daniel Zapata Zapata