Francisca Palma Schiller - La Estrella de Valparaíso

El dirigente gremial y exdirector de Finanzas de la municipalidad porteña, Carlos Soto, en compañía de excompañeros de trabajo, llegó ayer hasta la Contraloría Regional de Valparaíso para entregar un reclamo de ilegalidad para dejar sin efecto la medida de destitución que a principios de marzo dictaminó el alcalde Jorge Sharp por supuestas irregularidades en administraciones anteriores.

En la oportunidad, acusó persecución laboral, gremial y política por parte de la alcaldía ciudadana. Por otro lado, junto a su abogado, Leonardo Contreras, anunciaron acciones legales frente a la ola de destituciones de directivos.

Es importante recordar que el pasado 9 de marzo, el Municipio porteño ordenó la destitución de Carlos Soto, histórico militante de la Democracia Cristiana de la zona y quien fuera mano derecha del exalcalde Hernán Pinto.

Según los antecedentes entregados en la ocasión, la medida fue adoptada luego de que un sumario revelara faltas administrativas en gestiones anteriores. Todo ello, tras la detección de millonarias irregularidades en una auditoría de Contraloría interna.

"Entregamos un documento en la Contraloría, que es un reclamo de ilegalidad, el cual solicita dejar sin efecto la medida de destitución. Lo que estamos manifestando en ese documento, es que se revise la forma y el fondo del pronunciamiento primitivo que hizo el sumario, que revise el sumario administrativo, dejando constancia de las situaciones que nos parecen ser revisadas", nos cuenta el involucrado.

Abogado

En suma a lo anterior, el abogado Leonardo Contreras entregó más detalles de la acción legal interpuesta este viernes.

"Lo que presentamos es una reclamación de legalidad; lo que estamos exponiendo en ese libelo es un análisis preliminar de lo que fue el informe del 2017, que ordena la instrucción de procesos disciplinarios con la empresa. Nosotros reconocemos como valioso este informe, sin embargo, el problema que se relaciona con el sumario que termina con la destitución, es que vulnera el debido proceso", asegura el abogado.

Quien añadió además que, "creemos que aquí hay discriminación por su calidad de dirigente gremial, una persecución laboral, porque querían el puesto y lo que se busca finalmente es que la Contraloría deje sin efecto el decreto, es decir, su destitución. La respuesta se puede dar hasta 30 días después de la notificación a Carlos Soto, que fue el 9 de marzo".

9 de marzo fue notificado el exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Valparaíso.

En su primera actividad en regiones, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, se reunió ayer en Valparaíso con el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), mecanismo de coordinación que acciona frente a casos de femicidios consumados o frustrados.

La cita se realizó en la sede de la Dirección Regional del SernamEG, donde estuvo presente la directora de la institución, Vannina Masman, además de representantes de Mejor Niñez, Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), Unidades Regionales de Atención a Víctimas (URAVIT) y portavoces de Carabineros y PDI.

El encuentro se enmarcó en el femicidio n° 11 del 2022 y el primero en la región de Valparaíso. El pasado martes, en el Cerro Ramaditas, Teresa Parra Miranda -de 54 años de edad-, fue asesinada a manos de su conviviente, el militar en retiro José Alejandro Pérez Arce.

Al respecto, la ministra Antonia Orellana señaló que "llevamos tan sólo una semana en el cargo y ya enfrentamos tres femicidios frustrados y dos que lamentablemente se lograron perpetrar. Hoy contamos con 2 mujeres menos", subrayó.

Sobre la situación en la región, la ministra comentó que "Valparaíso es una de las regiones que tiene una de las tasas más altas de violencia, en distintos delitos. Aquí hay algo que urge, por lo tanto nuestra primera acción en la región es recoger la experiencia de los profesionales que enfrentan la violencia acá, para saber qué está ocurriendo".

En la misma línea, la secretaria de Estado reiteró que el Ministerio de la Mujer "pondrá urgencia" al proyecto de ley integral de violencia contra las mujeres. "Hoy no tenemos un instrumento único, integrado y coherente que pueda permitirnos perseguir penalmente las agresiones y la violencia machista", puntualizó.

"Ahora lo que tenemos que hacer es buscar cómo mejorar nuestros sistemas de prevención, de acompañamiento y de reparación, en los casos en que lamentablemente el Estado llega tarde", cerró Orellana.