Redacción - La Estrella de Valparaíso

En una operación conjunta de Aduanas y la Brigada Investigadora de Delitos Portuarios de la PDI se logró dar en Quilpué con un domicilio ubicado en la Población El Tranque de Quilpué, el cual era usado de acopio para 25.770 cajetillas de cigarrillos de contrabandovalorizadas en una suma cercana a los 3 millones de pesos.

La labor de inteligencia de ambos organismos permitió determinar la ubicación exacta de donde se encontraban los cigarrillos, investigación que permitió a Aduanas tramitar la resolución que, según las atribuciones que le concede la Ley, les permite realizar fiscalizaciones en domicilios y almacenes que están fuera de las zonas primarias de control. De esta forma acompañados por los efectivos de la PDI ingresaron a al domicilio señalado donde encontraron bolsas y cajas con cajetillas de cigarrillos de marcas como Rave, Fox, Hills Blue, Carnival, entre otras, que en total sumaron 25.770 cajetillas, valorizadas en $2.829.922.

Delito millonario

El Director Regional de la Aduana de Valparaíso, Roberto Fernández, indicó que "el contrabando de cigarrillos es uno de los delitos en el que hemos constatado un aumento constante durante los últimos años, que provoca un fuerte impacto tanto en el comercio lícito como en la salud de las personas. En este caso, gracias a un exitoso trabajo investigativo que realizamos con la PDI, hicimos uso de las atribuciones que nos otorga la Ley para realizar revisiones fuera de las zonas de fiscalización aduanera regular, lo que nos permitió evitar que ingresara al mercado informal esta importante cantidad de cigarrillos de contrabando."

Nueva normativa

Desde el 18 de mayo pasado se encuentra vigente la Ley 21.336, que modifica la Ordenanza de Aduanas en materia de sanciones al delito de contrabando, endureciendo las penas y otorgando mayores herramientas a los servicios aduaneros para combatir estas prácticas.

El detalle indica que cuando el contrabando sea por menos de 10 unidades tributarias mensuales (UTM), la pena de multa será entre 1 a 5 veces el valor de la mercancía. En caso de reincidencia, y cuando se trate de tabaco y sus derivados, bebidas alcohólicas, fuegos artificiales, productos farmacéuticos y juguetes, se aplicará, además, la pena de presidio menor en grado mínimo (de 61 a 540 días). Cuando el monto del contrabando sea entre las 10 y 25 UTM, se aplicará una multa 1 a 5 veces valor de mercancía, además de la pena de presidio menor en grado medio (541 días a 3 años).

Finalmente para los delitos de contrabando por sobre las 25 UTM, la multa será de 1 a 5 veces el valor de la mercancía, y una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años).

Profesores de la Universidad de Playa Ancha, se mantienen bajo paro indefinido ante la falta de compromisos cumplido por parte de rectoría, entre los que se incluye el traspaso de contrato a planta que afecta a más del 90% de los docentes que tienen un contrato fijo.

Esta paralización ha afectado a más de 7 mil estudiantes de la institución, y ocurre luego de dos años del último paro general docente.

Si bien se ha mantenido un trabajo en las demandas desde el compromiso emanado por la autoridad universitaria en 2019, hoy el equipo jurídico de la Universidad no ha logrado avances, al grado de contratar un abogado particular, con cargo a los mismos docentes a través de la Asociación de Funcionarios Académicos, para supervisar la elaboración y revisión del acto administrativo que materialice el trámite.

"Esto nos ha afectado concretamente en tres ejes: la pérdida de asignación a la docencia complementaria (reconocimiento de horas extras), la eliminación del pago del incentivo a las publicaciones y la imposibilidad de contar con horas para investigar, debido a la enorme sobrecarga docente con cursos cada vez más numerosos, carreras nuevas y duplicidad de funciones", explica Luis Espinoza, presidente de la AFA.

En promedio, los académicos de la institución llevan más de 10 años esperando su paso a la planta, por lo que para retornar a las actividades académicas, la asociación gremial exige el paso inmediato a la planta; la implementación del nuevo sistema de jerarquización docente; y las renuncias del vicerrector y la directora general de investigación, quienes no son considerados interlocutores válidos por el profesorado.

"Ellos son los responsables de que la Institución no pueda incluir la dimensión de Investigación y Postgrado en este proceso de acreditación, objetivo que precisamente persiguió la instalación del modelo de investigación vigente. Ello incide directamente en el ranking de la Universidad, que afecta la entrega de recursos que ingresan al plantel", sostiene Grasse Pavéz, directora de la asociación gremial.

Desde la Rectoría de la UPLA señalaron que "el proceso de traspaso a la planta de la Universidad de Playa Ancha ha significado y demandado un importante esfuerzo de decenas de integrantes de nuestra comunidad universitaria, quienes desde fines del año 2019 colaboran desde distintos ámbitos por sacar adelante este procedimiento legal que contribuye a dotar de mejores condiciones laborales a quienes se encuentran en dicha condición y cumplen los requisitos establecidos. La Universidad agradece sinceramente el aporte de cada una de las personas que han trabajado para lograr una culminación exitosa de estos procesos".