Leo Riquelme

El Congreso despachó ayer la ley que ante el avance de la pandemia establece que la elección municipal, a gobernadores regionales y a convencionales constituyentes ya no se realizará este fin de semana, sino que el 15 y el 16 de mayo.

"Nunca correr una elección el algo que uno quiera hacer, pero nos parece que era lo más responsable", dijo el secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa.

La aprobación implicará que los alcaldes que busquen su reelección podrán regresar a su puesto por ocho días, ya que el jueves 15 de abril tendrán que volver a dejarlo para retomar su campaña.

Asimismo, los aportes deberán suspenderse hasta que se reanude el permiso para propaganda, que ocurrirá del 29 de abril y el 13 de mayo.

La tramitación fue compleja, porque el informe de la comisión mixta con los incisos mencionados no logró el quórum exigido para una reforma en la Cámara de Diputados ni en el Senado.

En la primera, 60 votaron en contra, cinco se abstuvieron y 78 votaron a favor, en circunstancias que necesitaba 92 respaldos. Entre los senadores obtuvo 13 en contra, cuatro abstenciones y 23 a favor, de 26 requeridos.

Pese al revés, igual corrió el cambio de fecha y el regreso de los alcaldes a su trabajo ya que regirá la norma general, que dice que deben dejarlo 30 días antes de la elección.

"Son pieza fundamental en el diseño para el combate de la pandemia", lo defendió el senador y presidente de la comisión mixta, Pedro Araya.

"Los alcaldes tendrán una semana más de campaña y al resto de los aspirantes les imponen la ley mordaza", criticó el diputado Pepe Auth.

Las salas no lograron el quórum para salvar los planteamientos del Senado que buscaban declarar como feriado irrenunciable para el comercio el 15 y el 16 de mayo; y otorgar 15 minutos de franja televisiva para la segunda vuelta de los gobernadores.

La diputada y presidenta de RD, Catalina Pérez, lamentó la postergación a "última hora" y advirtió que "no servirá de nada" si el Gobierno no toma medidas sanitarias y económicas para evitar la movilidad de las personas.

El Presidente Sebastián Piñera dijo tras promulgar la ley que la elección arriesgaba una "alta abstención" debido al temor de la ciudadanía a contagiarse; y añadió que "vamos a trabajar sin descanso para que las condiciones sanitarias sean más favorables para el 15 y 16 de mayo".

Pese a ello, por Twitter la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, le envió un consejo: "Igual sería prudente tener un plan B".

El Ministerio de Transporte estimó ayer que el nuevo bono para el sector aprobado esta semana en el Congreso beneficiará a unos 250 mil personas, entre conductores y dueños de vehículos, quienes podrán acceder a un aporte de hasta $500 mil.

La ministra Gloria Hutt explicó que a diferencia del aplicado el año pasado, que fue de $350 mil, esta vez abarcará al chofer del vehículo, quien deberá ser postulado por el representante legal del móvil y que debe estar incorporado en el registro de la cartera.

"Basta la declaración del propietario", insistió en 24 Horas, donde aclaró que este bono es el único sectorial por las dificultades que tiene para acreditar una merma en los ingresos por la pandemia. Los beneficiarios podrán acceder a este instrumento o a un préstamo solidario, no a ambos.

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, recordó que los bonos aprobados serán de $500 mil hasta las rentas de 1,5 millones de pesos, que bajarán para llegar a los que ganan dos millones y han visto mermados hasta en 20% sus ingresos. Añadió que esperan habilitar el 15 de abril la plataforma de postulación en el SII.

Una denuncia de febrero por drogas en Traiguén terminó con la detención de un funcionario del juzgado de garantía local, como sospechoso de tener armas, municiones y explosivos.

El detenido es Juan Pirce, hijo del exintendente PPD de La Araucanía, Guillermo Pirce. Según Carabineros, se presentó como funcionario judicial.

El fiscal regional suplente Alberto Chiffelle informó que hallaron un revólver con su número de serie borrado, un fusil, rifle, una pistola, una subametralladora, municiones, cargadores, dinamita y mecha.

"Chiffelle informó que ordenó al fiscal Enrique Vásquez que investigue todos los posibles delitos asociados, incluyendo el eventual uso del arsenal en hechos de violencia rural y si existía relación entre el trabajo del sospechoso y las armas. El imputado quedó en prisión preventiva y el poder judicial le abrió un sumario.