Párroco de La Ligua está formalizado por cuasidelito de homicidio
La causa se origina en la muerte de un panteonero en el Cementerio Parroquial mientras realizaba sus labores.
Mirian Mondaca Herrera - La Estrella Quillota - Petorca
Un sorpresivo y trágico desenlace tuvo la vida del panteonero Miguel Ángel Herrera Salinas el 13 de julio de 2019 en el Cementerio Parroquial de La Ligua. En ese lugar, donde desempeñó labores por más de 17 años, finalmente encontró la muerte luego de que una pesada lápida cayera sobre él, ocasionando su deceso inmediato.
De acuerdo a los antecedentes entregados a La Estrella por el fiscal de La Ligua, José Ramírez, el trágico hecho se produjo cuando la víctima, de 66 años, se encontraba "sacando el sello de un nicho al interior de un mausoleo, este sello corresponde a una tapa de cemento que cubre el nicho llamada placa, y que pesa aproximadamente 80 kilos, la cual se encontraba ubicada a una altura aproximada de dos metros".
Es así que, añade el persecutor, "para esta tarea, la víctima se mantenía sobre un piso de manera al cual, producto de su mal estado, se le quebró una de sus patas de apoyo, lo que causó que Herrera Salinas perdiera el equilibrio, cayendo al piso y acto seguido cayó sobre su cabeza la placa de cemento de 80 kilos causando su muerte inmediata en el mismo lugar producto de un TEC abierto".
Tras una serie de diligencias en torno a este caso, el deceso llevó a que actualmente el párroco de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán de La Ligua, el padre Sergio Barahona Herrera, se encuentre formalizado por cuasidelito de homicidio, lo que lo mantiene además con arraigo nacional. Esta imputación del delito recayó sobre el religioso debido a que el camposanto donde ocurrió la muerte depende la parroquia que dirige.
De acuerdo a lo señalado en la audiencia de formalización, realizada el 8 de octubre de 2020, el imputado es el representante legal de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán y los hechos tuvieron como origen una serie de infracciones a las obligaciones del empleador de brindar condiciones de trabajo seguras, como falta de supervisión y vigilancia de la obras, charlas de prevención, implementos de protección personal y de seguridad. En aquella ocasión, el Juzgado de Garantía de La ligua fijó un plazo de investigación de 90 días y una audiencia para acuerdo reparatorio para el 18 de diciembre.
Sin cárcel
Tanto el abogado de la familia de la víctima fatal como el representante del párroco coinciden en que difícilmente este pueda cumplir una eventual condena de cárcel, debido a la calificación del delito y la irreprochable conducta anterior. Ambos tienen sus ojos puestos en la audiencia del 18 de diciembre.
Respecto a lo sucedido y la instancia que se realizará el próximo mes, el abogado del párroco, Hernán Herrera, indicó que su representado "está muy afectado por esta situación, está muy complicado de salud también. Sin embargo, él ha concurrido a la formalización de la investigación, ha colaborado en la investigación como un ciudadano más de este país. En ningún momento hemos ocultado nada (...) Además que eventualmente estamos abriendo la arista de un acuerdo reparatorio, pero eso es un tema que se está conversando con el abogado de la familia de don Miguel".
Asimismo, señaló que tras lo sucedido, en el camposanto se han tomado medidas para que no vuelva a ocurrir algo similar.
Por su parte, el abogado de la víctima fatal, Felipe Olea, enfatizó que "nosotros esperamos que la Iglesia Católica haya asumido que efectivamente acá su responsabilidad es más que laboral, es responsabilidad penal, ya que el grado de negligencia existente en los hechos, eran tan grandes las negligencias laborales, la desprotección en que este trabajador desarrollaba sus labores, que efectivamente acá nos encontramos con una responsabilidad penal propiamente tal, además de una responsabilidad laboral".
Al mismo tiempo, indicó que - si bien ninguna suma de dinero podrá aplacar el dolor por el deceso del trabajador- esperan alcanzar un acuerdo reparatorio en la audiencia del 18 de diciembre para que la familia de la víctima fatal pueda acceder a una suma que les permita tener un grado de bienestar económico que les permita enfrentar el día a día tras la muerte del jefe de hogar.
Ese día podría ser la jornada definitiva ya que, según señala Olea, en negociaciones extraoficiales que han tenido desde la Iglesia, la propuesta económica de esta no sería razonable: "Nos cuesta entender que una viuda e hijos sea reparada en 20 millones de pesos para todos (...) La Iglesia quiere cerrar un acuerdo por 20 millones, es decir, la vida de un trabajador para la Iglesia vale menos que una camioneta", enfatizó el abogado de la familia.