Erika Rojas Salazar

Para muchos la prioridad ahora está en los temas sociales y de salud, no obstante acuerdos son acuerdos y el municipio de Valparaíso posee desde el 2010 un convenio vigente con la Protectora de Animales, cuyo canil se encuentra en Laguna Verde.

El monto anual es de 7 millones 200 mil pesos y la deuda actual es de 14 millones 400 mil pesos, dado que la municipalidad de Valparaíso no ha pagado todo el 2018 y ahora nada del 2020.

La concejala porteña Ruth Cáceres informó el miércoles sobre la situación, dado que llamó a Marina González, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales de Valparaíso y ahí se enteró de la deuda. "Yo hice un llamado de cortesía, pero me enteré del problema. Yo soy partidaria de que el pago sea mensual y no anual, pues así sería más ordenado", indicó la edil.

Desde el municipio indicaron que reconocían la deuda y se comprometieron a ponerse al día lo antes posible.

Herencia y préstamo

Marina González, la presidenta del directorio de la Protectora de Animales de Valparaíso, comentó que a ella nunca le ha gustado presionar por el pago. "El canil gasta 4 millones mensuales solo en comida y 10 en gastos generales, pues hay que pagar sueldos a empleados y veterinario. El 2016 recibimos una herencia que capitalizamos en un departamento en Los Placeres, pero este año no hemos podido hacer los bingos mensuales y algunos socios no han pagado sus cuotas" , expresó Marina, que de avanzada edad y con domicilio en Viña del Mar viaja con permiso colectivo a ver el canil en Valpo y no pierde detalle de los 500 animales que están cuidando.

"Esperamos y necesitamos ese dinero, pues los perros lo necesitan", aseguró Marina González .

El Congreso aprobó este jueves la comisión que investigará al Ministerio de Justicia por otorgar la libertad condicional al doble homicida y primer sospechoso en el reciente asesinato de la adolescente de 16 años Ámbar Cornejo Llanos.

El brutal crimen que conmocionó a Chile, abrió una pugna entre los poderes del Estado. El beneficio penitenciario, otorgado en 2016 por una comisión judicial destinada a este fin, sacó de la cárcel a 789 reos, entre ellos a Hugo Bustamante, sospechoso del reciente homicidio de la joven y quien fuera condenado en 2005 por el asesinato de su expareja y el hijo de ésta de tan solo 9 años.

La decisión que tomó la Justicia hace cuatro años ha sido fuertemente criticada por el actual Gobierno y el Parlamento, y llevó a un grupo de 64 diputados a solicitar la destitución de la jueza que lideró la comisión en 2016, Silvana Donoso, e iniciar una investigación.

La instancia deberá determinar la responsabilidad política de la institución en el efecto de otorgar beneficio penitenciario al sospechoso y la implicación de otras como la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Nacional de Menores, Sename.

Fallas en el sistema

"Esta comisión debe ir en la dirección de determinar cada falla dentro del sistema, pues lo que le pasó a Ámbar no tiene una única perspectiva, sino una serie de circunstancias que la llevaron a este cruel y trágico desenlace", sentenció la diputada Carolina Marzán, impulsora de la investigación.

Según fuentes oficiales, la Comisión también pretende indagar el rol de los organismos mencionados en "la protección y seguimiento de menores institucionalizados" y la "contribución al proceso de reinserción social de quienes cumplen condenas en libertad".

"La aprobación de esta Comisión especial investigadora dará inicio a un minucioso trabajo que desarrollaremos no sólo para evidenciar las responsabilidades de las instituciones del Estado, sino que también evitar casos como el de Ámbar Cornejo", señaló el diputado oficialista Andrés Celis.

El cuerpo sin vida de Ámbar Cornejo, fue hallado en la casa de Hugo Bustamante, pareja de la madre de la joven, y conocido por sus anteriores crímenes como "el asesino del tambor". Tras ocho días de intensa búsqueda, la joven fue encontrada sin vida.

De acuerdo a los detalles entregados por la Fiscalía, el crimen tuvo lugar en el domicilio del presunto asesino, donde tras mantener una discusión con la joven, la habría asesinado y enterrado en su patio. El sospechoso -actualmente en prisión preventiva- ha sido formalizado por delitos de violación con femicidio e inhumación ilegal.

La Justicia también investiga a Manuel García, padre de la tutora de Ámbar Cornejo, imputado este martes por delitos de posesión y producción de pornografía infantil relacionados con la joven.