Belén Velásquez Neracher - La Estrella de Valparaíso

El crimen de Ámbar dejó a la luz que la adolescente no solo fue vulnerada en sus derechos por quien le quitó la vida -presuntamente Hugo Bustamante, formalizado por femicidio con violación- sino que también por el Estado, a juicio de la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien sostuvo que fueron las entidades públicas las que no apoyaron las acciones de protección que la joven había tomado por su propia cuenta pese a estar en la red proteccional del Sename.

Ámbar se había alejado de su madre por la relación que ésta tenía con el exconvicto Bustamante, había una denuncia por presunto abuso sexual en contra de la expareja de la progenitora y con quien Ámbar compartía terreno, ya se habían despachado órdenes de búsqueda en favor de la niña en el verano, el Tribunal de Familia dio orden de ingreso a un programa de intervención en septiembre de 2019 y debido a la lista de espera la joven ingresó recién en enero. Y como si fuera poco, la orden de alejamiento para Bustamante y para su presunto abusador se solicitó y se despachó luego de la desaparición de la joven, es decir, cuando probablemente ya había fallecido.

Tapar el sol

Lo anterior, según Muñoz puede significar eventualmente responsabilidades administrativas en los distintos organismos que operaron o que debieron operar respecto de la adolescente. Además, la abogada especializada en niñez, sostiene que es injusto que la responsabilidad de que Bustamante haya estado en libertad condicional se le atribuya por completo a la ministra Silvana Donoso, quien presidió la Comisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que en 2016 liberó al doble homicida.

"Sería tapar el sol con un dedo decir que el sistema funcionó. Prueba de ello es que aquello ha tenido como impacto la posibilidad tan nefasta e irreversible como es la muerte de Ámbar", dice la defensora de la Niñez.

"Hemos planteado desde la Defensoría de la Niñez la urgencia de que todos los organismos que intervienen en el sistema proteccional actúen con el sentido de urgencia que amerita una posible desprotección de un niño, niña o adolescente (NNA). Ello implica las responsabilidades de la Subsecretaría de la Niñez como ente responsable desde junio de 2018 de la prevención de las vulneraciones y de la articulación de todos los organismos del Estado que precisamente deben redundar en prevenir que NNA sean afectados en sus derechos y también en la intervención de los programas (...) que ciertamente no se concretaron de manera debida aquellas acciones en relación con la niña y su familia".

Listas de espera

En cuanto a las listas de espera para ingresar a los programas de intervención o reparación, Patricia Muñoz, también exfiscal del Ministerio Público, dice que "lo que hacemos es pedir información, levantar recomendaciones en el sentido de la importancia que tiene ejecutar las acciones con oportunidad y eficacia".

"Vemos cómo no solo en el ámbito residencial, sino que también en el ámbito ambulatorio, existen brechas significativas que impactan en la posibilidad de que las vulneraciones de derechos de NNA se mantengan en el tiempo. El punto es que son programas precarizados desde el punto de vista de cómo se aborda su financiamiento, cómo se dota de especialización suficiente a los profesionales que intervienen en ellos y esa es una labor imprescindible que se debe potenciar particularmente desde los órganos que son el Servicio Nacional de Menores y también la Subsecretaría de la Niñez".

En ese sentido, la abogada sostiene que si bien las listas de espera no son el único problema del sistema, "son el primer problema porque involucra que ya no estamos atendiendo con la oportunidad debida aquella intervención que se requiere de parte de un NNA. Sin duda es un problema clave, en términos del momento en el que se produce la intervención".

El estado no fue capaz

Para la defensora, el caso de Ámbar "es particularmente dramático ¿en qué sentido? En que Ámbar, ella, toma la decisión de alejarse de la casa en la que vivía su mamá y su pareja, el señor Bustamante, por el temor que ella tenía respecto de este sujeto. Se va de esa casa, deja una alerta en un domicilio de Limache, donde vivía la mamá, dando cuenta que la situación de peligro que observaba. O sea, hablamos de una niña que genera acciones de cuidado ella misma y por otra parte el Estado, a través de sus organismos, no fue capaz de apoyar esas acciones de cuidado que ella autónomamente tomó".

Agrega que "lo digo en el sentido que ella tenía una situación educacional que era compleja y que había sido reportada por su establecimiento educacional y una se pregunta, entonces, qué pasó con ese ofrecimiento y ese anuncio muy publicitado de la que entonces era ministra de Educación, la señora Cubillos, y el que entonces era ministro de Desarrollo Social, el señor Sichel, que anunciaron la alerta en materia educacional, situación que pretendía atender aquellas condiciones que estaban enfrentando los niños que estuvieran expuestos a una situación de vulneración".

Patricia Muñoz agrega que "uno se pregunta qué ha pasado entre diciembre de 2018, cuando se hace este anuncio, en razón del Acuerdo Nacional por la Infancia, y este año y medio que ha transcurrido, donde se debió haber esperado que se activara esa alerta y la información y se produjera una inmediata intervención de parte de la institución que hoy día tiene la responsalbilidad de coordinar a todos los organismos públicos para brindar una efectiva atención a Ámbar y su entorno, y esa institución es la Subsecretaría de la Niñez".

La abogada añade que "más allá que todos esperamos que a la brevedad se genere una ley de las Garantías de la Niñez, hoy los organismos que existen tienen que ser capaces de responder en estándares aceptables con aquellas obligaciones legales que le han sido impuestas por nuestra legislación".

No hubo intervención

En ese sentido, en su rol fiscalizador, desde la Defensoría de la Niñez, Muñoz dijo que "estamos pidiendo información al Sename, a la Subsecretaría de la Niñez, pero lo cierto es que con los antecedente que tenemos -en razón que somos querellantes de la causa- ya tenemos claridad de que no hubo una intervención. Nos consta que esas intervenciones no existieron, pero necesitamos redundar en la profundidad de la obtención de información que nos permita visibilizar los informes y desde ahí determinar si es que a nivel administrativo se puede ejecutar alguna acción que involucre la responsabilidad de los organismos que debieron haber intervenido y no lo hicieron".

En esa misma línea, la jurista dijo que las órdenes de alejamiento en favor de Ámbar "evidentemente fueron tardías, no se logró evitar ese contacto y pese a que ella se alejó, incomprensiblemente tenía que ir a buscar la pensión a esa casa, en circunstancias que una adolescente puede recibir directamente su dinero. Eso da cuenta de la invisibilización de los adolescentes. Dicho eso, necesitamos saber qué pasó con la investigación penal y para eso vamos a oficiar a la Fiscalía para saber qué diligencias se hicieron, de qué manera se le brindó protección a la víctima por parte del Ministerio Público, considerando la denuncia de abuso sexual. (...) Nos corresponde como Defensoría de la Niñez recabar información y solicitar que aquellas instituciones determinen eventualmente el inicio de una investigación administrativa o de otra naturaleza".

Ministra donoso

A fines de este mes, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso sesionará para revisar el beneficio de quien habría asesinado cruelmente a Ámbar. Patricia Muñoz espera que la medida se revoque en el caso de Bustamante y además sostiene que "espero que se haga una reflexión y un análisis autocrítico de lo que pasó con este caso porque no debió otorgársele el beneficio a un sujeto de esta peligrosidad, considerando el horror de sus crímenes y que Gendarmería dijo que no estaba en ningún caso rehabilitado".

Sin embargo, Muñoz agrega que "me parece que deslindar la responsabilidad de manera única y exclusiva en la ministra Donoso es profundamente injustificado y excesivo porque hablamos de una Comisión donde hay otros jueces que toman la decisión con argumentos que esperamos conocer. La acusación constitucional es un intento por evadir una responsabilidad política que de manera transversal y permanente en el tiempo no ha sido asumida por ningún gobierno relacionada con la creación de un sistema de ejecución de penas que sea lo suficientemente eficiente para responder a las necesidades que involucran el análisis de quiénes pueden encontrarse en libertad en condiciones distintas y de quiénes deben cumplir de manera efectiva. La política una vez más va detrás de otros, pero no asume sus responsabilidades en necesidades país que han sido demandadas".

Finalmente, Muñoz cerró indicando que se encuentran evaluando acciones contra algunos medios debido al tratamiento que se le ha dado al caso de Ámbar, donde se ha visto la filtración de información sensible. "Puede ser constitutivo de un delito. Se expone la honra, privacidad y dignidad de una adolescente que murió en condiciones dramáticas".

"El Estado, a través de sus organismos, no fue capaz de apoyar esas acciones de cuidado que ella autónomamente tomó"

"Deslindar la responsabilidad de manera única y exclusiva en la ministra Donoso es profundamente injustificado y excesivo"