Critican investigación en muerte de joven sureña que estudiaba en Valpo
La familia dice que se le informó del caso como un suicidio, pero según el abogado querellante se trata de un homicidio. Hay una campaña en redes.
Belén Velásquez Neracher - La Estrella de Valparaíso
Casos como el de Fernanda Maciel o Antonia Barra han provocado que otras causas judiciales de hechos violentos contra mujeres sean visibilizadas en redes sociales para intentar acelerar los procesos investigativos.
Uno de ellos es el de Amanda Rojas Riquelme, de 24 años, oriunda de Punta Arenas, presuntamente asesinada en diciembre de 2018 en un departamento del cerro Placeres de Valparaíso, ciudad donde poco antes se había titulado de relacionadora pública.
Por estos días el hashtag #JusticiaParaAmandaRojas (ver recuadro) comienza a viralizarse. ¿La razón? A un año y 8 meses de su muerte aún no existen responsables y el abogado de su familia, Víctor Demaría, acusa un actuar inicial negligente del Ministerio Público, pues asegura que dos fiscales "se cuadraron con la tesis del suicidio", pese a contundentes pruebas que el patrocinante asegura que existen para sustentar una intervención de terceros.
Sobre los hechos, Demaría sostuvo, en la querella presentada el 19 de diciembre del 2018, que el 5 de ese mes, a las 22.59 horas, Amanda ingresó a su edificio junto al joven C.I.M.R., quien luego abandonó el inmueble solo y encapuchado y con una mochila a eso de las 06.45 horas del día 6, según muestran las grabaciones de seguridad.
Cámaras de seguridad
Amanda fue hallada muerta el día 7 y durante ese periodo, según el abogado, las cámaras no mostraron que nadie más entrara o saliera del departamento.
La víctima presentaba cinco heridas cortantes en su zona cervical, "cada una de ellas mortal por sí sola. Entonces, si es un suicidio, ¿cómo se explica que la víctima se hizo la quinta herida?", plantea Demaría, quien además señala que el sospechoso -calificado por la víctima como "aminovio"- se llevó consigo el computador de la mujer y tarjetas bancarias, con las que se hicieron compras de comida y ropa por $400 mil entre los días 6 y 10 de diciembre, según la querella.
Tercer fiscal de la causa
"Luego de esto, él -también de Punta Arenas- se va furtivamente a Lautaro, Novena Región, y allá va a la PDI cuando supo que era buscado, pero entregó lo que creemos eran coartadas falsas", por lo que se configura también el delito de obstrucción a la investigación, según la acción judicial. "Después de esto es absurdo pensar en un suicidio", dice Demaría.
"Es una actuación inicialmente poco acuciosa y displicente que le trajo costos a la investigación y que está siendo revertido por el fiscal actual del caso, Pablo Avendaño. El Servicio Nacional de la Mujer sabe de esto hace mucho rato y no hay ninguna gestión tampoco", acusa el profesional, quien también dice haber solicitado a la Fiscalía Regional la formalización de la investigación "porque nos preocupa que el sospechoso no esté con cautelares".
"Todo esto es prepandemia, entonces no hay excusas", sostuvo el querellante, quien también afirmó que "el tercer fiscal de la investigación (Avendaño) afortunadamente recogió nuestra versión y confió más en ella y poco a poco ha hecho algunas diligencias, algunas bastante exitosas, que van en la línea de los planteamientos nuestros".
Desde la Fiscalía Regional indicaron que "se está investigando para esclarecer las circunstancias en las que murió la joven. Existe una diligencia pendiente para poder acotar con exactitud por qué hechos será formalizado" el sujeto en cuestión.