Marcela Guajardo Pérez

El 8 de enero del 2018 marcó un antes y un después en la carrera funcionaria de Ingryd Garretón, quien llevaba hasta ese momento casi tres décadas en la municipalidad de Valparaíso.

Ese día le notificaron que se incoaría un sumario en su contra. ¿El motivo? Habría hecho labores para la Corporación durante sus horas de trabajo dentro del Departamento de Imagen Corporativa, Comunicaciones y Eventos, que depende del Gabinete del alcalde.

La investigación se inició luego que la Contraloría pidiera conocer si las labores que realizó Ingryd por la Corporación las hizo durante su jornada laboral como funcionaria municipal.

"En el sumario quedó demostrado que nunca falté a mis obligaciones laborales con la municipalidad, y que siempre cumplí mi trabajo para el municipio en el horario reglamentario, al punto que siempre he sido calificada en Lista 1", dice Ingryd, en conversación con La Estrella.

Destitución

A pesar de esto, se ordenó la destitución de Ingryd como funcionaria, pero apeló a la Contraloría que obligó al municipio a retrotraer su orden y restituirla. Tiempo después, volvieron a destituirla.

Ante esta situación, presentó una querella criminal en contra del fiscal administrativo, Felipe Cornejo, el director jurídico, Nicolás Guzmán y quienes resulten responsables.

"Me he sentido absolutamente humillada, acusada falsamente, muy triste y deprimida, sin entender cómo el alcalde, que es abogado, no puso las cosas en su lugar y no corrigió las falsas conclusiones que me hizo el fiscal del sumario y el fiscal municipal. Esto ha sido un maltrato injusto y prolongado, emocional, psicológico, en mi dignidad y también es un maltrato económico, porque me han privado de mi trabajo que tanto amo y de mis remuneraciones. Soy profesional universitaria en materia de gestión cultural y he dado casi tres décadas de mi vida a la municipalidad. Francamente es un abuso de poder que reclamaré si es necesario en instancias internacionales, porque lo que han hecho es un atropello a mis derechos humanos", aseguró la funcionaria.

Para Ingryd, la única razón de por qué se la quiere sacar de la municipalidad siendo que, según ella y lo que dice el sumario, no hay pruebas de una falta que justifique su destitución, tiene que ver que ella trabajó de cerca con la administración anterior.

"Esto es una persecución política y un hostigamiento como tantos otros que ha realizado el alcalde contra los que trabajábamos cerca del alcalde anterior, es una discriminación por esas razones. Es vox populi que en el municipio se despide y se hacen sumarios para reemplazar funcionarios por personas ligadas al movimiento político del alcalde", asegura Ingryd.

Esta funcionaria dice que lo único que desea es que se le restituya y pueda volver a ejercer su trabajo como funcionaria municipal.

"Le pediría al alcalde Jorge Sharp que no sea parte de esta injusta violencia, agresión y atentado a mi dignidad como mujer y como funcionaria que ha sido este sumario. Le recordaría que cuando fue candidato ofreció respetar los derechos funcionarios, lo que no ha cumplido. Por eso los tribunales están llenos de demandas laborales de exfuncionarios a los que no ha respetado sus derechos, y el municipio tiene varios sumarios por hostigamiento y acoso laboral cometidos por esta administración alcaldicia, algo jamás visto", dijo la funcionaria.

Defensa

La querella presentada por esta funcionaria llevó a otra polémica: un millonario contrato para defender a uno de los querellados, Felipe Cornejo. El abogado Juan Carlos Manríquez aceptó su defensa.

Sin embargo, días después y por mutuo acuerdo, el abogado Manríquez y el municipio de Valparaíso dieron por terminado dicho contrato.

De todas maneras, el abogado decidió seguir su defensa del Fiscal Administrativo Felipe Cornejo.

"En el sumario quedó demostrado que nunca falté a mis obligaciones laborales con la municipalidad".

Ingryd Garretón.

Ayer se desarrolló la audiencia de preparación de Juicio Oral en el Tribunal en Lo Penal de Viña del Mar en el caso que investiga la Fiscalía en contra del imputado John Cobin - conocido como el "pistolero de Reñaca" -, quien fuera formalizado por dos delitos de homicidio frustrado, disparos injustificados en la vía pública y ejecutar actos de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública.

Por el Ministerio Público, participó en la audiencia, la fiscal del caso Paola Rojas, además del abogado querellante por la Intendencia, el abogado querellante de una de las víctimas, Luis Ahumada y la defensa de John Cobin.

Se debatió sobre el material probatorio ofrecido por los intervinientes. La Fiscalía presentará 19 testigos, 21 pruebas documentales, 5 acápites en prueba material, 10 peritos y otros 25 medios de prueba. No fue aceptado por el tribunal, el video en que el imputado efectúa una apología al uso de armas.

En la audiencia, se discutió además, a solicitud de la defensa, nuevamente, la medida cautelar del imputado, quien permanece en prisión preventiva desde noviembre del año pasado. El tribunal desestimó la solicitud y confirmó que Cobin permanezca privado de libertad.

Una vez que transcurran los plazos legales, el Tribunal Oral de Viña deberá agendar la audiencia de juicio oral.