Durante el año 2019 se publicaron en el Diario Oficial un total de 71 leyes y 31 tratados y acuerdos internacionales. El número indica que la actividad del Congreso Nacional y del Presidente en la consolidación de vínculos internacionales de carácter permanente es intensa. Como en otros momentos de la historia, el desarrollo de las comunicaciones y el transporte de mercancías han impulsado cambios difíciles de controlar. El viejo sueño de la autarquía económica y la completa independencia política de los Estados (llevado hasta lo demencial por Pol Pot en 1975 y Kim Jong-un en el presente) queda descartado por sus desastrosos resultados.

La pregunta acerca del ideal de las relaciones internacionales es distinta. Ya que no es posible sostener una completa independencia política y económica, la cuestión es más bien cuál es el ámbito en que un Estado y sus poderes políticos pueden ejercer efectivamente su soberanía y decidir sobre los asuntos de su comunidad política.

La respuesta es esquiva y no la tengo. Pero al menos podemos intentar abordarla con la reflexión sobre unos pocos temas. ¿Puede un Estado abandonar la economía de mercado? Por supuesto que sí, en tanto decisión política, pero si su economía pierde competitividad global su futuro quedará, en el mejor de los casos, amarrado al antiguo y azaroso comercio de los commodities. ¿Puede un Estado no formar parte de ningún bloque económico? Por cierto que puede adoptar una decisión de este tipo, pero asumiendo que si eres un protagonista menor del mercado mundial, los más fuertes te someterán a su interés propio. En este sentido, la competitividad internacional de una economía, en todos los frentes, puede compensar de modo efectivo la carencia de grandes socios políticos.

¿Puede un Estado controlar la inmigración? Las fronteras son más permeables de lo que sugiere la teoría y casi ningún Estado puede controlarlas del todo. Basta ver imágenes recientes de Italia y España para comprobar que las fuerzas que mueven a los emigrantes no se contienen con un muro o con barcos de guerra.

Las comunidades políticas que quieren conservar su libertad y avanzar hacia una mayor igualdad deben aceptar que existen fuertes lazos que hacen interdependientes unas con otras. Pretender avanzar como si el resto del mundo no existiera es inviable. Lo razonable, creo, es intentar entender la posición que tiene el país en el mundo y, desde ahí, intentar gobernar nuestro futuro. -

Alan Bronfman Vargas

Profesor de Derecho Constitucional

Los tratados internacionales han sido la vía hacia un proceso de pacificación de las relaciones entre los Estados, sustituyendo el uso de la fuerza en la solución bilateral, o a veces multilateral, de conflictos de larga data como los limítrofes.

De igual modo, estos instrumentos han dado lugar a importantes procesos de integración volcados a la superación de las divisiones de los particularismos nacionalistas y a la apuesta por esfuerzos mancomunados, ejemplo es la Unión Europea.

Sin embargo, la bondad de los efectos de los tratados internacionales no brota de sí misma, sino de la naturaleza de los intereses promovidos por los respectivos Gobiernos en sus relaciones internacionales.

En ese sentido, cabe hacer notar la influencia preponderante en los Gobiernos de los intereses del capitalismo global para generar una constitución económica, a través de Tratados de Protección de Inversión y del Comercio Internacional, apoyando, así, una agenda enfocada a establecer un gobierno supranacional de las empresas transnacionales funcional a la expansión del mercado global, blindándolo económica, política y jurídicamente.

Esta constitución económica facilitará a estas empresas operar, con plena autonomía, dentro de un marco jurídico que penalizará los intentos de las democracias de interferir en las dinámicas de los negocios y los mercados globales. Para conseguirlo, esta oleada de tratados económicos articula una nueva arquitectura de poder proclive a los intereses globales del capital. Obligando a los Estados a abrir al mercado todos los espacios de la vida (bienes naturales, servicios públicos, derechos sociales, etc.) y a proteger las expectativas de ganancia del inversionista frente a toda acción política por muy justa que esta sea.

Por si fuera poco, estos tratados dotan a las transnacionales de un sistema propio de justicia privada -de dudosa imparcialidad- para resolver sus diferencias con los Estados partes, teniendo solo las corporaciones la facultad de demandar directamente a los Estados, cuando estimen afectadas sus expectativas de beneficios.

Por eso deben mirarse con atención tratados comerciales como el TPP-11, los cuales pueden neutralizar de antemano todo esfuerzo constitucional futuro. -