Para evitar contagios de coronavirus, las tres salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que funcionan en programación de emergencia, comenzaron a recibir alegatos en la modalidad de videoconferencia con la aplicación Zoom.

El sistema implementado, denominado "Sala Virtual", surgió como respuesta a seguir prestando el servicio de justicia sin dejar de cumplir con las exigencias que requiere una situación de emergencia sanitaria.

Los tres ministros que conforman cada sala pudieron conectarse con fiscales y defensores de cada causa de manera remota, escuchando sus intervenciones como si estuvieran presentes. "Empezamos con los fiscales y los defensores, y en realidad cualquier abogado puede pedir el requerimiento informático a la Corte, y nos conectamos para escuchar el alegato del abogado que se encuentra en su hogar, la oficina o en otra dependencia, sin la necesidad de que se traslade físicamente hasta la Corte de Apelaciones. Todo ello con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio", dijo el ministro Max Cancino, presidente del tribunal de alzada. Por el buen resultado del plan, y la extensión que puede experimentar la cuarentena preventiva, está previsto que la próxima semana se inicie la segunda fase del sistema, lo que significa que todos los intervinientes estarán conectados de forma remota.

Francisca Palma S. - La Estrella de Valparaíso

El temor a perder el trabajo, las exigencias por mantener los negocios en pie y a su vez, la incertidumbre de contagiarse de coronavirus son algunas de las situaciones que están viviendo, en su mayoría, los trabajadores del país y de la región.

Videos difundidos a través de redes sociales revelaron a un empleador, de la ciudad de Viña del Mar, amenazando a sus trabajadores con despedirlos.

El hecho, que afectó a los trabajadores de una empresa automotriz, es un ejemplo de los diversos casos que se han repetido en distintos puntos durante las últimas semanas.

Frente a estas situaciones, desde la Seremi de Trabajo de la región hacen un llamado a velar por la seguridad de los empleados y respetar la normativa laboral vigente en el marco de la emergencia por el COVID-19.

"Hacemos un llamado a buscar mecanismos que permitan el ejercicio de las distintas tareas de cada espacio laboral, garantizando las medidas preventivas y, por ende, la protección de la salud e integridad de los trabajadores. Se emitió un dictamen que recuerda el funcionamiento de la normativa vigente, en cuanto a la protección del trabajador -por ejemplo, cómo y cuándo corresponde el caso del otorgamiento de una licencia médica- las condiciones que se deben dar para justificar la ausencia laboral", señaló la seremi de la cartera, María Violeta Silva.

Medidas

Junto a velar por la seguridad y respetar las normativas, la seremi de Trabajo hizo hincapié en implementar medidas de higiene en los espacios laborales, flexibilizar los horarios y de ser posible, poner en práctica el trabajo a distancia.

"Tenemos claro que no todos los trabajadores, por la naturaleza de sus funciones, pueden adoptar esta modalidad. Ahí es donde se debe insistir en recordar que las empresas están obligadas a tomar todas las medidas necesarias para proteger, de manera eficaz, la vida y la salud de sus trabajadores. Tenemos a los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo, quienes velarán por el cumplimiento de estas medidas", indicó Silva.

A su vez, y bajo esta lógica, hizo un llamado a que los propios trabajadores también tomen las medidas correspondientes al contexto.

"La prevención y protección también es responsabilidad de los propios trabajadores, quienes están llamados a tomar todas las medidas necesarias para resguardar su propia vida y salud, escuchando a la autoridad sanitaria, y a los organismos de cada una de las empresas", enfatizó.

En enero de este año el Consejo Regional (CORE) aprobó $2.300 millones en un proyecto de renovación de pintura y fachada del edificio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

Pero ante la actual situación de emergencia sanitaria, quince miembros del CORE solicitaron al intendente Jorge Martínez, la despriorización del proyecto para redestinar esta importante suma de dinero en adquirir insumos y equipamiento para los distintos centros hospitalarios y consultorios médicos de la región de Valparaíso.

Al respecto, el consejero Manuel Millones señaló que "es importante analizar si el proyecto de recuperación de fachada de la Universidad Católica, que tiene un costo de 2.300 millones de pesos, se puede despriorizar o postergar su ejecución de manera indefinida".

Agregó que "hoy más que nunca se necesitan fondos para ir e ayuda de la salud pública, y por cierto que para nadie es una prioridad pintar la fachada de una universidad, menos en estos momentos".

En tanto, la consejera Tania Valenzuela dijo que "hay una situación de urgencia de poder equipar y entregar los insumos necesarios para atender a los pacientes que tendremos afectados en la región, donde sabemos que son casos que irán en aumento. Ahora solo queda saber si hay voluntad por parte el intendente de realizar la modificación y liberar esto recursos".