La igualdad democrática supone el derecho a participar con igualdad en los procesos de decisión institucionales. Simplemente porque a través de ellos se modelan los elementos económicos, sociales, culturales y medioambientales que componen el espacio vital donde se desarrolla la vida de los ciudadanos. La forma en cómo sean organizados y regulados determina el tipo de oportunidades vitales a las que tendrán acceso los ciudadanos de los territorios y qué proyectos de vida puedan llevar a cabo.

Hay así una conexión entre el tipo de oportunidades que las instituciones puedan ofrecer y el valor real de la igualdad de derechos del estatuto común de ciudadanos. Por ejemplo, las zonas de sacrificio y los lugares abandonados al desarrollo económico nacional, son espacios vitales con nula o escasa capacidad de ofrecer oportunidades de desarrollo, sumiendo a sus habitantes en una desmedrada desigualdad de derechos. Todo a consecuencia del dominante centralismo político y administrativo miope a las concepciones particulares de formas de espacio vital sensibles a la geografía y cultura diversa de los territorios.

Por tanto, Chile tiene una deuda democrática de trato justo con los ciudadanos de sus territorios, ya que la centralización estatal ha impedido el desarrollo territorial de la democracia, privando a sus instituciones locales y ciudadanos del derecho a decidir, con incidencia, en la configuración de su espacio común. El gobierno y administración regional ha estado condicionado al poder del central tanto en la generación de sus autoridades como en la disposición de recursos económicos para su desarrollo. Este trato históricamente injusto ha significado mejores recursos y oportunidades para los ciudadanos de la capital pero a costa de un precio alto en desigualdad política y de oportunidades de los ciudadanos de sus territorios.

El proceso constituyente debe saldar esta deuda con un nuevo trato del centro con sus territorios, con una distribución adecuada del poder político hacia las regiones, cuidando de una parte conservar la unidad política y territorial pero, a su vez, radicando ámbitos de autonomía política, administrativa y económica para el desarrollo de una democracia local receptiva a la diversidad cultural y geográfica de sus espacios vitales.-

Dr. Carlos Dorn Garrido

Profesor Adjunto Derecho Administrativo

Escuela de Derecho