Belén Velásquez N. - La Estrella de Valparaíso

Una lamentable y extrema situación vive por estos días la esposa y la hija de C.G.D.M., el sargento 2° de la Armada que desde enero de 2019 se encuentra preso por los delitos de violación reiterada a menor de 14 años y grabación de material pornográfico cometidos presuntamente en contra de su hija de 7 años.

La abogada de la mujer, Jeanette Bruna de la ONG Abogadas ProChile, denunció que su representada está "a punto de entrar en la línea de la extrema pobreza, se van a quedar sin hogar debido a que no tienen cómo pagar el dividendo". Asegura que "las rifas y la ayuda pedida ya no dan".

Situación crítica

Lo anterior, debido a que en un oficio enviado desde la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas hacia la Dirección de Recursos Humanos de la Armada se indicó que "si un funcionario ha sido sometido a prisión preventiva durante un juicio criminal y por ello se ausenta de sus labores, no puede recibir rentas", lo que significa que "no existe fondo para la pensión alimenticia decretada", explicó la abogada.

En consecuencia, el documento ordena que "se adjunte al expendiente el respectivo cese de remuneraciones", por lo que el imputado no recibe pagos desde diciembre del año pasado, aseguró Bruna, lo que ha significado un grave perjuicio económico para la madre y la pequeña.

"Criticamos la falta de enlace y de colaboración de oficio respecto de los distintos ministerios en relación con las mujeres que han sido víctimas porque se trata de mujeres que no han trabajado en toda su vida por prohibición del marido, no tienen redes y por tanto no logran conseguir un trabajo formal, entonces cuando el marido va a prisión por una denuncia valiente, esta mujer queda sin nada. ¿Cómo le vamos a decir a las mujeres 'denuncia', si las vamos a condenar a la pobreza y a la miseria", reclamó Bruna.

Pedirán subsidio

En ese sentido, la profesional adelantó que como ONG "buscamos que con este caso se cree un subsidio especial para las mujeres que han sufrido violencia y que han logrado que estos señores queden en prisión. No puede ser que sea más fácil recuperar una vida cuando se ha quemado una casa -a través de subsidios- que recuperar la vida de una familia que ha sido vulnerada", dijo Bruna.

Para hoy está fijada una audiencia de revisión de las medidas cautelares que pesan sobre el imputado. Bruna indicó que como ONG trabajan en una querella contra el exuniformado debido que habría cometido desacato al comunicarse con su esposa a través de un celular obtenido mediante un compañero carcelario, quebrantado la prohibición de tener contacto con las afectadas.