En Valparaíso se realizó ayer la séptima marcha "por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito".

La movilización fue convocada en todo el país por la Coordinadora Feministas en Lucha, que también conmemoró el Día Internacional de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña. No exenta de polémica estuvo la protesta, ya que Pamela Contreras, vocera de la coordinadora feminista 8 de Marzo, repudió que a última hora la Gobernación Provincial haya tratado de modificar el horario de la marcha.

De todas formas, menos de un millar de feministas se agruparon en la plaza Victoria y gritando consignas en contra del patriarcado y la Iglesia, y portando pañuelos verdes y carteles, avanzaron por la avenida Pedro Montt en dirección hacia el Parque Italia, sin posibilidad de acceder por la arteria hacia el Congreso Nacional. La protesta fue pacífica pero al final se registraron incidentes, luego que desconocidos prendieran fuego a contenedores de basura en calle General Cruz. Intervino Fuerzas Especiales con el "zorrillo" y carros lanzaaguas para dispersar a los manifestantes agrupados en el Parque Italia.

Un mal rato vive un porteño que fue víctima de un delito a través de internet.

El informático Miguel Tapia contó que solicitó vía telefónica a su banco un crédito de consumo de un millón 100 mil pesos. El dinero fue depositado en la tarde a su cuenta vista y cerca de la medianoche le llegó una notificación a su correo de un pago realizado en Servipag de más de un millón de pesos, transacción que él no realizó, percatándose que fue víctima de un fraude electrónico. El afectado dice que se comunicó telefónicamente con el banco para bloquear las tarjetas, y al día siguiente acudió a la sucursal para estampar el reclamo, y le dieron una semana de plazo para darle una respuesta. Dice que no quisieron informarle de los movimientos realizados, pero a través de Servipag descubrió que el responsable de efectuar los pagos era un extranjero domiciliado en Santiago. Con esos antecedentes hizo la denuncia en la PDI, Sernac y la Superintendencia de Bancos. La Brigada de Delitos Económicos indaga el caso. Lo lamentable es que el banco respondió a Miguel que no le devolverán la plata, porque creen que él entregó su datos a un tercero. "El sistema es muy vulnerable y creo que alguien del banco filtra la información sobre quien saca un préstamo. Para este tipo de fraude deben tener mis datos de ingreso al portal más la tarjeta de coordenadas, lo que me llama la atención", afirmó Miguel Tapia, que emprenderá acciones legales contra la entidad financiera.

Belén Velásquez Neracher - La Estrella de Valparaíso

El Juzgado de Familia de Valparaíso inició el proceso para decretar -eventualmente- una medida cautelar en favor del hijo del hombre sindicado como el presunto autor de los casos de abuso sexual denunciados por apoderados del jardín infantil "Providencia" del cerro Merced.

El abogado querellante, representante de las familias afectadas, Leo Contreras, explicó que "se solicitó iniciar de oficio por parte del tribunal, una medida de protección en favor del hijo del presunto agresor. Esta persona tiene un hijo de cerca de un año y medio y frente a la serie de acusaciones que se han realizado, este niño estaría en riesgo".

Evitar revictimización

Asimismo, Contreras informó que "dos familias que habían hecho la denuncia, se han sumado a la querella, nosotros hicimos presente que los niños no estaban siendo sometidos a interrogatorios de acuerdo a su edad y queremos evitar la revictimización de modo que la Fiscalía derivó los cuatro casos que están en curso a la Unidad de Atención de Víctimas, con profesionales preparados para estos procesos de forma que los testimonios de los niños sean validados profesionalmente.

Nueva querella

Desde el jardín "Providencia", la abogada Fabiola Lorenzini, sostuvo que "estamos preparando la querella para ser presentada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, a más tardar, el día lunes de la próxima semana".

De igual forma, Lorenzini especificó que tras las denuncias conocidas, se dispuso de cuatro cámaras de televigilancia más en el recinto educacional, estando habilitadas para grabar durante 20 días corridos, pues antes tenían un periodo de registro continuo de siete jornadas.