Francisca Palma Schiller - La Estrella de Valparaíso

Fue a fines de abril, cuando Diego Gajardo, quilpueíno de 21 años, fue víctima de un choque fatal. Un conductor en estado de ebriedad, quien participaba de una carrera clandestina en el sector el Tranque Recreo en Quilpué, colisionó con la motocicleta del joven, causándole la muerte de forma inmediata.

Tras el accidente, el responsable de los hechos, identificado como Cristian Oróstica, quedó en prisión preventiva por conducir en estado de ebriedad con resultado de muerte.

Pero el accidente, que tuvo como víctima a Diego, no ha sido el único caso. Cristian Oróstica ya tenía antecedentes por casos similares: del primero, quedó absuelto, pero el segundo hecho, se volvió a abrir este lunes.

Así, el Tribunal de Garantía de Limache decidió revocar la suspensión condicional que tenía frente a esa situación.

"El 20 marzo del año pasado, el detenido colisionó por detrás a otro vehículo. Producto de esto, fue sometido a un procedimiento y fue formalizado. Ahí se decidió suspender condicionalmente el procedimiento, lo que consiste en que él debía cumplir con algunas condiciones dentro de un año, para poder optar al sobreseimiento del caso. Pero sucede lo de Diego, por lo que se decide revocar esta suspensión condicional y retomarlo", explica Jorge Suez, abogado de la familia Gajardo.

De esta manera, tras esta decisión, se fijó una audiencia para el próximo 2 de septiembre, para que el detenido logre tener una condena por los hechos ocurridos antes del accidente del joven quilpueino.

Justicia

Familiares catalogan esta decisión como una nueva esperanza para el caso de Diego. El hecho de que el responsable de la muerte del joven motociclista quedé con reprochables conductas anteriores, sería una situación que beneficiaría la búsqueda de justicia.

"Se pudo revocar la sentencia anterior que él tenía, para que a nuestro caso él llegue con antecedentes, con una sentencia y estamos luchando por esto, nosotros clamamos justicia", explica Yudi Soto, madre de Diego.

En conversaciones con el diario La Estrella, el abogado Jorge Suez, aseguró que el caso de Diego sigue en proceso de investigación y que aún no hay fechas establecidas para iniciar el juicio correspondiente.

2 de septiembre se realizará la audiencia que involucra al responsable de los hechos en caso anterior.

Ayer el Segundo Juzgado de Quilpué emitió una orden de embargo para retirar los bienes del cine ubicado al interior del mall Plaza del Sol de la ciudad del Sol.

Esto debido a que dos extrabajadores del cine demandaron a la empresa Cine Sacor SPA por despidos injustificados, fallo que resultó a favor de ambos trabajadores a quienes la Justicia ordenó el pago de una indemnización que ronda los $24.000.000.

Cabe destacar que el altercado entre los trabajadores y ex administrador del cine habría ocurrido 28 de marzo de 2018, y se habría producido cuando una trabajadora denunció que el administrador y una cajera de estaban apropiando de dinero de las ventas.

Demanda

El mes de mayo ambos acusados habrían sido despedidos y se habrían negado a firmar la carta de renuncia. Ante esto, demandaron a la empresa y solicitaron una indemnización de $23.840.219.

Fue así que en diciembre de 2018, la justicia falló a favor de los trabajadores. Y en febrero de este año el Segundo Juzgado de Letras de Quilpué emitió el requerimiento de pago, pero no se canceló, por lo que se ejecutó una orden de embargo para el 14 de marzo de 2019.

Hoy se hará efectivo el embargo de cajas registradoras, las butacas, pantallas y máquinas proyectoras. AL menos al cierre de la edición el cine de mall Plaza del Sol seguía funcionando con normalidad.

Con un documento que consta de 12 páginas, donde se establecen una serie de acuerdos en distintas materias, representantes de la Rectoría, decanos de las distintas facultades e integrantes del Consejo de Presidentes de Carreras de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), pusieron fin a una paralización de actividades que se prolongaba desde de mayo en el plantel.

Esto permitirá, según explicaron los participantes, que las clases se reinicien, normalmente, a contar de mañana miércoles 17 de julio.

Entre las materias que se logró acuerdo están salud mental, democracia universitaria, demandas pedagógicas y medidas a ser adoptadas posterior al fin de la movilización. Catalina Quinteros, presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), organismo que representó a los estudiantes durante este periodo, se refirió a los desafíos que implica este acuerdo logrado.

"Este es el inicio de lo que se viene después, entendemos que esto no se acaba con la firma de un documento, sino que tenemos que generar diferentes comisiones e instancias parta seguir defendiendo lo que se firmó y velando que se cumpla en los plazos estipulados, entendiendo que no es nada del otro mundo, sino que son las demandas básicas de dignidad para nuestras compañeras y compañeros", afirmó Quinteros.