El fiscal nacional, Jorge Abbott, rechazó la solicitud de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que la semana pasada pidió remover a la fiscal Marcela Cartagena del caso sobre la contaminación en Quintero y Puchuncaví.

La compañía acusaba que Cartagena está casada con el abogado Álvaro Sepúlveda, quien presta servicios externos a dicha firma desde el año 2013.

La denuncia presentada ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, se apuntó al artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público en donde se establece que "no podrán dirigir la investigación ni ejercer la acción penal pública los fiscales que sean cónyuge, conviviente civil, o pariente por consanguinidad o afinidad en cualquiera de los grados de la línea recta y en la colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, de alguna de las partes, de sus representantes legales o de sus abogados".

No obstante, Abbott resolvió no dar a lugar la petición, por cuanto "no existen antecedentes que den cuenta de que el cónyuge de la Fiscal Regional, el abogado Álvaro Sepúlveda, sea interviniente y/o tenga patrocinio o poder en la investigación penal referida".

Por su parte, el abogado Remberto Valdés, defensor de los habitantes de Quintero y Puchuncaví afectados por la contaminación, afirmó que "ENAP ha interpuesto una serie de artilugios con la finalidad de retardar, ensombrecer y, ojalá, evitar el descubrimiento de la verdad".

Presión indebida

Por su parte el diputado Andrés Celis, señaló que "la solicitud de remoción parece más bien una presión indebida que una petición por transparencia. Por otra parte, la resolución de la Fiscalía Nacional deja ver que Jorge Abott, y sus fiscales no se están dejando amedrentar y espero que así continúe".

Agregó que "pido a Enap que cese su conducta matonesca y permita que continúe la investigación -agregó el diputado- por otra parte, recordar el parentesco de la fiscal con su propio abogado externo me parece preocupante. Yo me pregunto, ¿que buscaba Enap con este reclamo? ¿inhibir a la fiscal? ¿Le están diciendo que podrían no contratar más a su marido si ella siguiera en el caso?"

Priscilla Barrera Ll.

Temor, rabia, impotencia, tristeza, son sentimientos que se mezclan entre los habitantes de las distintas poblaciones que conforman Reñaca Alto, un sector de más de 45 mil habitantes que por estos días se ha visto en la palestra pública debido a dos casos de violencia: el 25 de diciembre un hombre de 51 años murió asesinado aparentemente por un tema de drogas en la población Villa La Cruz y cinco días después, la pequeña de 12 años, Carla Araya, perdió la vida al cruzarse en medio de una disputa también vinculada con tráfico.

"Esto antes lo veíamos en la tele. Veíamos noticias de La Legua, donde los vecinos hablaban de disparos a toda hora del día, enfrentamientos entre bandas de narcos...y resulta que ahora estamos viviendo exactamente lo mismo", dice el presidente de la Agrupación de Juntas de Vecinos de Reñaca Alto, Marco Castillo.

Según el dirigente, el crecimiento de la población, la baja dotación policial y el descontrol en el tráfico de drogas ha convertido a Reñaca Alto en un lugar inseguro donde se está perdiendo la vida de barrio y donde el temor se ha instalado como el vecino más indeseado.

"Hemos hecho reuniones en torno al tema de la seguridad. En julio incluso tuvimos una reunión con el entonces general director de Carabineros Hermes Soto y en octubre tuvimos una reunión con las autoridades locales para abordar este tema...la situación está descontrolada, el flagelo de la droga entró firme y la gente tiene temor", añadió Castillo.

Los últimos hechos, pero especialmente el homicidio de la pequeña Carla, terminó por colmar la paciencia de los vecinos.

"¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántas Carlitas más tienen que morir por una bala loca?", planteaban el jueves vecinos de la Villa San Jorge que salieron a las calles a protestar contra la inseguridad en sus barrios.

Marco Castillo sostiene que es urgente una intervención de la población porque, asegura, la droga está instalada y no hay otra forma para que retorne la paz y la seguridad a los barrios.

"Hay disparos todas las noches. Durante el velorio del hombre al que mataron el 25 se sintieron ráfagas, igual como despiden a los narcos en Santiago. Algunos dicen que los disparos que se sienten son para avisar que llegó droga, lo que sea, no es vida para la gente que vive intranquila con miedo a cruzarse con una bala loca como lo que le pasó a la pequeña Carlita", sostuvo Castillo.

Baja dotación

El dirigente lanza una dura denuncia: la dotación original de 45 carabineros bajó a 38 y los vehículos en uso son antiguos y no dan abasto para la amplia extensión del área que debe cubrir el personal de la Tenencia de Reñaca.

"Tenemos 38 carabineros para 45 mil habitantes porque tienen que ver hasta el paradero 6 de Achupallas. Imagínese la relación, humanamente no pueden responder, aunque carabineros tenga la mejor disposición, no pueden responder de manera eficaz", aseveró el dirigente.

LLamado urgente

"Queremos que se intervenga la población, que les otorguen los recursos a carabineros y a la PDI, que se hagan redadas y se comience a erradicar la droga porque si esto no se hace estamos condenados. Las autoridades no pueden permitir que esto siga ocurriendo", planteó Marco Castillo, solicitando públicamente tanto a la gobernadora provincial de Valparaíso, como a la alcaldesa y las máximas autoridades policiales, para que de una vez por todas pongan el foco en la parte alta de Viña del Mar.