Nicole Valverde S.

Ayer los diputados Andrés Longton y Andrés Celis llegaron hasta la Contraloría Regional para solicitar una imvestigación y pronunciamiento por presunto conflicto de intereses en el estudio base para la realización del plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

Cabe recordar que el estudio llamado "Evaluación de medidas costo efectivas para revisar y reformular el plan de Ventanas", fue realizado por le empresa Geoaire Ambiental Ltda., y sus propuestas fueron fundamentales para la elaboración del cuestionado plan de descontaminación de la "zona de sacrificio".

Interés

En ese contexto, el diputado Celis explicó que "la empresa Geoaire se dedica a realizar estudios ambientales, principalmente en las áreas de gestión de calidad del aire, planes de descontaminación y prevención atmosférica. Modelación de la calidad del aire a escala local, urbana y regional. Modelación de contaminantes, fuego químico, etc".

Y agregó: "Hoy día nos encontramos con un plan de descontaminación que contrató a esta empresa que una de sus funciones es la prevención atmosférica. Y si uno ingresa a la página web ve que uno de sus clientes principales es Codelco. Aquí hay un conflicto de intereses. Y además, hay que investigar las personas que componen esta empresa. Porque también tengo conocimiento que aquellos -individualmente- también han asesorado en planes de descontaminación en otras ciudades de nuestro país".

De lo anterior Celis desprendió que la idea es que Contraloría, más allá de que pueda entregar alguna responsabilidad administrativa, también pueda derivar los antecedentes al Ministerio Público. "Porque perfectamente podríamos estar frente a delitos que van contra la probidad, fundamentalmente lo que se refiere al conflicto de intereses".

Proyecto de ley

Por su parte el diputado Andrés Longton detalló que la presentación en Contraloría busca dilucidar si existe legalidad en la asesoría de Geoaire a Codelco, mientras elaboraba el plan de descontaminación en las zonas afectadas.

"Si existe legalidad, nosotros eventualmente vamos a presentar un proyecto de Ley para que complemente el proyecto de Integridad Pública y de Probidad que presentó el Gobierno de Piñera porque creemos que una empresa no puede ser juez y parte, o sea, por un lado estar elaborando un plan de descontaminación y al mismo tiempo asesorar a una empresa por la cual ellos están elaborando dicho plan".

Y añadió: "Me parece que no corresponde. Y que la probidad no solo tiene que ser para los funcionarios, sino que también para las empresas. Por lo tanto, me parece que acá puede haber un eventual conflicto de interés, y esperamos que la Contraloría dilucide si aquello está ajustado a derecho".

Ministerio

A su vez, los dardos de los diputados Longton y Celis apuntaron hacia el Ministerio de Medio Ambiente de la administración anterior, ya que le adjudicaron la licitación a la cuestionada empresa Geoaire Ambiental Ltda.

"Como todos sabemos esto terminó con un plan de descontaminación que al final permitía contaminar más de lo que estaban haciendo, y no reducir las emisiones de gases contaminantes", apuntó Longton.

Respecto a esto, cabe destacar que en el reportaje de Informe Especial emitido el martes 30, el contralor general de la República Jorge Bermúdez, fue categórico y afirmó que si el plan de descontaminación hubiese funcionado, todos los episodios de contaminación ocurridos en las comunas de Quintero y Puchuncaví no habrían ocurrido.

Arde la polémica por la que sería la frustrada compra del Palacio Lyon por parte del ministerio de Cultura.

Ayer los trabajadores del Museo de Historia Nacional se manifestaron en el frontis del inmueble de calle Condell en contra del alcalde Jorge Sharp, a quienes responsabilizan de no aceptar los 1.900 millones ofrecidos por el Estado. Dicen sus bodegas no dan abasto para los hallazgos arqueológicos y que el Estado quiere instaurar un Museo de Valparaíso, pero no puede seguir invirtiendo en un inmueble que esta en comodato hasta 2034.

La propuesta fue presentada al Concejo Municipal, para que se diera la aprobación a la venta del inmueble, que debía ser aprobada a más tardar el 30 de octubre, por la discusión con Hacienda del presupuesto 2019 que se presentará al Congreso.

Pero no hubo pronunciamiento del municipio, por lo que la transacción no se realizaría el próximo año. La directora del Museo de Historia Natural, Loredana Rosso, expresó su desazón en las redes sociales por la falta de respuesta del municipio, al igual que los trabajadores que se manifestaron en el frontis de su edificio. En la reciente celebración de los 140 años del museo, todos habían manifestado su satisfacción con la eventual compra del inmueble por parte del Estado, lo que les permitiría agrandar sus colecciones e instaurar un museo de la ciudad.

Desde el municipio, no obstante, caificaron como "impresentable la actitud de la directora del museo". "Una conversación sobre el futuro del inmueble lo transformó en una guerra de declaraciones persiguiendo no sabemos qué interés e inventando conflictos donde no los hay", sostuvo Claudio Opazo, administrador municipal.

Opazo señaló que a la fecha no se ha recibido ninguna oferta formal respecto de la compra del inmueble, aunque la semana pasada la carta oferta del ministerio fue presentada ante el Concejo Municipal.

"Creemos que la venta de un bien municipal no es un decisión que se tome de manera apresurada, es por ello que durante el Concejo Municipal en el cual se presentó la moción, dejé en claro que no tomaríamos una decisión a tontas y locas", afirmó. Para que se venda, dijo Opazo, se requiere que exista una oferta formal por parte del Estado, levantar un informe de tasación y lograr el acuerdo del Concejo y la autorización para enajenar por parte del ministerio de Hacienda, entre otros trámites.