Un primer operativo de retiro de cables en desuso, puso en marcha la municipalidad de Quilpué. El operativo pretende retirar en total 25 kilómetros de cable que actualmente no están en uso en la ciudad.

El alcalde Mauricio Viñambres informó que en esta primera intervención se trabajará en 13 sectores del centro de Quilpué, para continuar luego en los distintos barrios, dando cumplimiento a la Ordenanza Municipal donde se establece que los cables deben estar ordenados y se prohíbe abandonar restos de estas instalaciones en estructuras emplazadas en bienes nacionales de uso público.

Los trabajos de esta primera etapa, que se prolongará hasta mediados de noviembre, consideran intervenciones en las calles Irarrázabal, Manuel Rodríguez, Aníbal Pinto, Vicuña Mackenna, Camilo Henríquez, Andrés Bello, Pasaje Bruhn, Pasaje Voguel, Los Carreras, Diego Portales, Balmaceda, Baquedano y Gonzalo Bofill.

Por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad el Tribunal de Garantía de Quilpué resolvió dejar en prisión preventiva a J.P.M.C., de 37 años, autor confeso del brutal crimen de Ernesto Jara Cea de 67, ocurrido el pasado sábado 20 de octubre en el sector de Pompeya Norte en Quilpué.

Tras la ampliación de la detención del ahora imputado a la espera del informe de autopsia correspondiente a la víctima, ayer cerca del mediodía se llevó a cabo la audiencia de formalización.

De acuerdo con los argumentos del Ministerio Público, se formalizó investigación por el delito de robo con homicidio y se fijó un plazo de investigación de tres meses.

Si bien tras la detención del imputado se señaló que el sujeto reconoció la autoría del crimen, la defensora penal pública, Marianela Gatica, desestimó la utilización de esta declaración por no encontrarse, al momento de la confesión, el abogado defensor del detenido y la obligación constitucional que significa el derecho irrenunciable a contar con abogado defensor desde las primeras diligencias que involucren al imputado de un delito.

Priscilla Barrera Ll.

No podía resultar más paradójico que al celebrarse esta semana 43 años desde su creación como proyecto educativo, la Corporación Winterhill decidiera comunicar oficialmente el cierre del emblemático establecimiento viñamarino, surgido en 1975 para acoger a profesores e hijos de familias perseguidas por la dictadura.

Nacido como un modelo educativo basado en la libertad, la tolerancia y el fomento de la cultura, a sus 43 años el colegio viñamarino atraviesa una de sus peores crisis luego que el pasado lunes 22 de octubre, la Corporación Educacional Winterhill, sostenedora del establecimiento de Paseo Andwanter al final de calle von Schröeders, comunicara oficialmente a la comunidad educativa que, "el pasado viernes 19 de octubre, tras reunión de asamblea de socios y tras un intenso debate, la unanimidad de los socios acordaron el cierre del Colegio Winterhill al término del presente año escolar".

Entre los argumentos esgrimidos para fundar esta determinación se plantea "la insolvencia económica. Estamos en alto riesgo de no poder cumplir con las obligaciones laborales y/o previsionales de los trabajadores", se lee en el comunicado emitido por la corporación.

Balde de agua fría

Pese a reconocer los problemas de gestión financiera, la noticia cayó como un balde de agua fría entre los integrantes de la comunidad, especialmente entre los alumnos, padres y apoderados y personal administrativo y docente del colegio, cuyos representantes no descartaron movilizaciones para impedir el cierre del colegio. La primera acción será una marcha convocada para este mediodía.

Marcela Sepúlveda, representante de los apoderados lamentó esta determinación cuestionando la mala gestión financiera de la corporación y que la Seremi de Educación sólo les brindó orientación en torno al próximo llamado de admisión escolar.

Solange Araya, presidenta del sindicato de trabajadores del colegio sostuvo que recién el lunes recibieron la información del cierre. "Por normativa legal el aviso debió hacerse en marzo de 2018 para poder hacer el cierre en 2019, por lo tanto lo más probable es que la solicitud de cierre sea rechazada por la Seremi, pero eso no garantiza la continuidad del proyecto", aclaró la dirigente, quien expresó el rechazo a la determinación de la corporación, coincidiendo en que la entidad no se está haciendo cargo de un problema de gestión que se arrastra por años.Solange Araya llamó a hacer públicos los libros de contabilidad y exigió que el Ministerio de Educación intervenga y efectúe la compra del inmueble del colegio.

Lucas Rojas, presidente del centro de alumnos del colegio cuestionó que la corporación sostenedora del establecimiento "no está velando por nuestra educación ni por un proyecto que responde a valores y a un tipo de educación no tradicional. Están lucrando con este proyecto", afirmó el estudiante.