Manuel Olivares Maldonado, "el Kiruza", quien fue dejado en libertad la semana pasada por el juez del Juzgado de Garantía de San Antonio, Juan Pablo Flores, fue detenido ayer por una causa del 2 de abril, por los delitos de tráfico de drogas e infracción a la ley de control de armas, emanado desde el Tribunal de Rancagua.

Maldonado, junto a Nelson Cerda, habían sido dejados en libertad luego de que el magistrado de San Antonio calificara de ilegal su detención por vulnerarse el "derecho de intimidad y libertad ambulatoria" luego de que se detectara que ambos portaban armamento y municiones de diverso caliber, en un auto Mazda con vidios polarizados.

En un comunicado, la fiscalía de la VI Región sostuvo que la detención fue realizada por el OS-7 de Carabineros de Rancagua y que "se incautó abundante munición y otras especies vinculadas a los delitos investigados en diligencias de entrada, registro e incautación a domicilios de la Población Irene Frei de Rancagua y calle Hermanos Carrera de la comuna de Las Cruces V región". El ministro del Interior, Andrés Chadwick, había dicho por la mañana que al juez de San Antonio le "faltó sentido común" y añadió que "Carabineros tenía razón".

El ministro dijo esto luego de mantener una reunión con el fiscal nacional, Jorge Abbott. El Gobierno anunció además que presentará un recurso de queja contra el juez y una querella contra lo imputados.

Los diputados de Chile Vamos, Paulina Núñez (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI), llegaron ayer al Ministerio Público a solicitar que los ex presidentes Eduardo Frei y Michelle Bachelet declaren en el Caso OAS. Esto, tras la publicación de Reportajes de La Tercera en que vincula a la constructora brasileña con supuestos pagos al operador político Giorgio Martelli para que se realizaran reuniones entre autoridades de dicha empresa con dirigentes de la ex Concertación y Nueva Mayoría. "Más allá de la eventual prescripción de los delitos, es necesario que la fiscalía los investigue", dijo Núñez. Mientras, Martelli dijo a La Tercera que "nunca he trabajado ni he apoyado actividades ilegales de esta empresa en Chile".

Juan Riquelme Díaz - La Estrella de Valparaíso

La condena de presidio perpetuo simple es lo que pidió el Ministerio Público para Cristian Leighton Astorga, imputado por la muerte de su hijo de 4 meses, hecho ocurrido el pasado 13 de agosto en la villa Andorra, en el cerro San Roque de Valparaíso.

El hecho quedó al descubierto luego que el menor fuera llevado por su madre hasta el hospital Carlos Van Buren, donde el equipo médico poco pudo hacer ante la gravedad de las lesiones del bebé. Tras su muerte, la investigación apuntó hacia el padre, quien terminó por confesar los hechos.

El lactante fue golpeado violentamente al interior de la vivienda que compartía con su padre, y donde también vivía la pareja del acusado, y los hijos que tenían en común.

Ayer comenzó el Juicio Oral en el contra del imputado, el que se extenderá durante toda la semana. En la audiencia, realizada en la sala 3 del Tribunal Oran en Lo Penal de Valparaíso, se dio cuenta que el acusado tenía antecedentes por robo, y además una adicción a las drogas. De hecho, se cree que habría golpeado al infante tras haber consumido pasta base.

En declaraciones a radio Biobío, la fiscal del caso María Loreto Hermann, dijo que el imputado "reconoce haber agredido al menor, y a raíz de estos golpes el menor fallece". Agrega que, "él dice que esto fue producto de la droga mezclada con pastillas, y es a raíz de esta situación que golpea al menor".

El hombre podría recibir una condena menor a la que apunta la fiscalía, toda vez que confesó el hecho y ha colaborado con la justicia. Además, se podría lograr acreditar que no se encontraba con todas sus facultades mentales al momento de golpear a su hijo.