Claudia Carvajal R.
Ados años de la muerte de Eduardo Lara, el funcionario municipal que falleció tras el incendio que afectó al edificio donde funcionaban una sucursal de la farmacia Ahumada y las oficinas del Concejo Municipal, en Las Heras con Pedro Montt el 21 de mayo del 2016; ayer finalmente comenzó el juicio en contra de los seis imputados por este hecho, acusados del delito de incendio con resultado de muerte.
La jornada -cuyo inicio estaba fijado para las 09.00 horas- partió pasadas las 10.00, luego de superar varios tropiezos. Primero, la lluvia retrasó la llegada de los jueces y luego, cuando la audiencia ya había comenzado, dos imputados, específicamente Felipe Ríos y Hugo Barraza, quisieron cambiar de abogado -del defensor público Álvaro Barraza a uno particular- argumentando que "habían perdido la confianza en él".
Lo anterior podría haber generado una nueva suspensión del proceso, sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud.
Alegatos de apertura
En el primer día de juicio oral los abogados querellantes entregaron detalles de lo ocurrido el 21 de mayo del 2016 y dieron argumentos que sustentan la tesis de que los seis imputados se conocían de antes y actuaron de manera concertada para atacar y quemar la sucursal de la farmacia Ahumada de calle Pedro Montt.
El fiscal jefe de Valparaíso, Cristian Andrade, destacó que "la comisión de este hecho quedó registrada en diversas filmaciones y fotografías, en la cuales se observa cuál fue la dinámica de los hechos".
Andrade insistió en que fue un incendio provocado y que hay una acción "dolosa" en ello y al menos "culposa" en la muerte de Eduardo Lara ya que se podía "prever que había alguien en el edificio". Dijo que los acusados se conocían, que son amigos en Facebook y que incluso se visitaban en sus respectivas casas.
Uno de los aspectos que generó polémica en la jornada es un informe de policías pertenecientes a la Agencia Nacional de Inteligencia (Ani), aceptado previamente como prueba en el tribunal y el que incluye fotografías de cinco de los imputados en una protesta previa, ocurrida en marzo del 2016.
El problema se relaciona con el carácter secreto de dicha información y de la cual, los detectives que la obtuvieron, no pueden entregar más detalles.
Al respecto, el defensor de Nicolás Bayer, Franco Lemos, señaló que se son pruebas "inconstitucionales dentro de una investigación del Ministerio Público. Se trata de una policía totalmente externa y ajena al proceso penal y le haremos ver a los jueces que esta intervención desequilibra la balanza".
Por su parte Betzabé Carrasco, abogada defensora de Constanza Gutiérrez y Rodrigo Araya, advirtió que "esta investigación está contaminada desde sus inicios porque esta ley, en general, define actuaciones de los funcionarios policiales sin control judicial, de carácter secreta y la única forma de saber quién realizó este informe es que se revele este secreto. El tema es que el secreto se revela a medias, se revela quiénes hicieron la investigación pero no cómo se llegaron a las conclusiones y cómo se establece la participación de nuestros representados".
Carrasco además manifestó que de esta manera los defensores no tienen cómo refutar las pruebas ya que no hay información suficiente.
El primer testigo del juicio fue Luis Lara, hijo de Eduardo Lara, quien describió lo ocurrido el día de la muerte de su padre y los problemas que ha generado el hecho a su familia, en especial a su madre.
Tras el cierre de la jornada, comentó que "tiempo atrás ellos (los imputados) se comportaban felices, pero el tema está cambiando. Ya se nota una pesadez en el tema, algo está pasando o derechamente están reaccionando".
En la audiencia, la abogada querellante en representación de Fasa (Farmacia Ahumada) Daniela Bonerte, estableció que las pérdidas para la empresa son de $221 mil millones.
