La Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió dejar fuera a la municipalidad porteña como parte querellante en la causa por el delito de incendio con resultado de muerte y porte de artefacto incendiario, hecho ocurrido el 21 de mayo de 2016 y que significó la muerte del guardia municipal Eduardo Lara.

Así lo comunicó la Intendencia Regional a través de un comunicado, donde se detalla que esta decisión fue adoptada por la Corte "luego de que abogados del municipio llegaran 30 minutos tarde a la audiencia de preparación, que se realizó hace algunas semanas. Sin embargo, la municipalidad apeló e interpuso un recurso de nulidad, argumentando que la audiencia se inició con 30 minutos de anticipación a lo programado en enero, cuando fue convocada, lo que fue desestimado".

Así, las partes acusatorias quedaron constituidas por el Ministerio Público, la Intendencia Regional y Farmacias Ahumada. Además, la Intendencia advirtió que "se verificó que la municipalidad tampoco presentó acción civil en sede penal por los daños patrimoniales derivados de la destrucción total del edificio producto del incendio provocado por manifestantes, lo que fue calificado como una "falta de diligencia y preocupación" por parte del intendente regional, Jorge Martínez, y de la seremi de Justicia, Amaia Arraztoa. Asimismo calificaron a los abogados de la municipalidad como negligentes.

Réditos políticos

En la municipalidad porteña reaccionaron con otro comunicado, en el cual lamentaron la decisión del tribunal de alzada y aseguraron que "no se ha producido perjuicio alguno en el proceso, toda vez que la mayoría de las pruebas presentadas no dependían del municipio, sino que más bien del Ministerio Público y en menor medida de la Intendencia".

También señalan que "nos extrañan profundamente los términos en los cuales se ha referido la Intendencia de Valparaíso, tanto en los alegatos en estrados como en sus dichos a la prensa, los que se alejan de consideraciones jurídicas y responden a pretensiones políticas distantes de la actitud colaborativa que se mostraba en el gobierno anterior y que es propia de dos partes querellantes que comparten el mismo interés. Pareciera ser que la Intendencia sólo busca obtener rédito político de sus actuaciones más que pretender velar porque se haga justicia".

Sobre la no presentación de una acción civil por daños patrimoniales, en la Muni explicaron que "es necesario aclarar que el inmueble en cuestión no correspondía al patrimonio municipal, de tal forma, no existe legitimación activa para perseguir responsabilidad civil".

Carla Olivares Rojas

Quilpué está en pie de guerra luego de que se conociera la noticia, a fines de marzo pasado, de que 48 propiedades están afectas a expropiación para el ensanchamiento de la avenida Marga Marga, que ahora tendrá cuatro pistas entre el Troncal Sur y el Paso Superior Los Carrera.

Pese a que es un proyecto que está contemplado en el Premval y que tiene larga data, el principal reclamo viene dado porque las familias que se verán afectadas fueron notificadas a menos de un año del inicio de las faenas, en instancias que el Concejo Municipal de Quilpué abordó el proyecto entre el 2013 y el 2014, periodo en que se zanjó el tema.

"Lamento profundamente el error que se ha cometido por el Serviu de no haber tenido una conversación previa con todos los vecinos que se van a ver afectados por la expropiación de este proyecto que comprende toda la avenida Marga Marga. Lamentamos que se hayan tenido que enterar por un oficio y que el propio equipo de Serviu no les haya dado la información de manera directa", partió diciendo la seremi de la Vivienda, Evelyn Mansilla.

En terreno

Como una forma de resarcir el daño, la autoridad informó que ya se encuentra en terreno un equipo de Serviu que será el encargado de conversar con cada uno de los vecinos afectados.

"Ya están los equipos de Serviu en terreno para conversar con cada una de las vecinas y vecinos que se van a ver afectados por esta expropiación. Van a ser 48 las viviendas que van a ser expropiadas, de las cuales tres van a ser expropiadas en su totalidad y hay cinco de ellas que se está evaluando si va a ser total o parcial", indicó la seremi. El resto de las viviendas afectadas tendrán expropiaciones menores de franjas de terreno.

La finalidad, aseguró Evelyn Mansilla, no es sólo conversar con ellos, sino que ayudarlos a buscar un lugar donde vivir. "No aprobamos la forma en que se hizo esta notificación, nosotros nos enteramos igual que ustedes y vamos a tomar cartas en el asunto y eso implica no solo trabajar en terreno, sino que tomar cartas al interior del Serviu donde ya he solicitado a nivel central que se investigue esta situación y si hay algún tipo de medida administrativa que se tenga que tomar, que se haga", advirtió.

Fondos aprobados

La obra comprende más de 12 mil 300 millones de pesos que ya están aprobados; se ampliarán 2,8 kilómetros y se va a trabajar en hormigón, lo que le dará una durabilidad al proyecto de tres décadas aproximadamente.

"Vamos a pasar de 2 a 4 vías que van a permitir una descongestión principalmente para las personas que viajan desde el Troncal Sur hasta el centro de Quilpué. Ésta es una obra que está en el instrumento de planificación regional, por lo tanto, en algún momento esto tenía que ocurrir sí o sí. La obra va a tener una duración de alrededor de 26 meses, nosotros esperamos que el próximo año comience la construcción de este proyecto que es financiado con fondos sectoriales del ministerio de la Vivienda y Urbanismo", dijo la seremi.