Michael Seguel P.

Un trágico desenlace tuvo ayer el bloqueo de rutas que realizaron ayer taxistas, en protesta contra las aplicaciones Uber y Cabify. Un turista brasileño de 65 años murió en la ex Posta Central tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, mientras se dirigía al aeropuerto de Santiago.

El turista fue identificado como Mario Irochi Suzuki, e iba con su mujer hacia el aeropuerto, en su vehículo, cuando se encontró con la ruta bloqueda por la protesta.

El turista fue sacado del auto y llevado en helicóptero hasta la ex Posta Central, donde falleció a las 14:34, dijo el Jefe de la Prefectura Occidente, coronel Claudio López.

La protesta, que comenzó a las 07.00 de ayer, dejó 22 detenidos, informó el Departamento de Comunicaciones de Carabineros. Todos quedaron detenidos en la 26° Comisaría de Pudahuel.

La manifestación derivó que varios pasajeros empezaran a caminar para llegar al aeropuerto, lo que causó pérdida de vuelos y muchos reclamos.

Francisco Osorio, dirigente de la multigremial de taxistas, dijo que "intentamos por todos los medios contar con permiso pero, ante la negativa, decidimos tomar este punto, al que calificaron como estratégico".

Mario Hidalgo, director de la multigremial, añadió que "lamentamos mucho lo sucedido (...), pero si nos quieren culpar a nosotros por lo sucedido, eso no es lo normal".

querella

A través de la Intendencia Metropolitana, el Gobierno anunció ayer que presentará una querella contra quienes resulten responsables del bloqueo, invocando la Ley de Seguridad del Estado.

"Es un criminal acto que dañó a cientos y costó la vida a un turista", sostuvo el intendente Claudio Orrego.

El fiscal nacional, Jorge Abbott planteó que "en relación con el fallecimiento del turista, habrá que ver qué grado de responsabilidad hay y si esto obedece a algún acto que sea imputable a alguna persona en particular o a un grupo de personas en particular, con el objeto de poder imputarle un homicidio culposo".

Ayer, tanto Uber como Cabify sostuvieron que están comprometidos para colaborar con crear una norma que los regule.

Desde la aerolínea Latam cifraron en 2.400 los afectados y anunciaron compensaciones.

En prisión preventiva quedó ayer Jorge Rodrigo Reyes González, presunto autor de una estafa piramidal que alcanzaría los $83 millones, de acuerdo a las indagaciones realizadas por la Físcalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, quien formalizo cargos en su contra en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Reyes fue detenido en el aeropuerto de Santiago por personal de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), tras una orden de captura emanada tras la formalización en ausencia desarrollada en su contra el 8 de agosto, mientras residía en Colombia. La semana pasada había sido aprobada su extradición al país por este mismo caso.

La fiscal Verónica Avilés sostuvo que el modo de operar del imputado habría sido acercarse a conocidos para ofrecerles invertir en la empresa American Traders.

Reyes cobraba una comisión del 20% al 30% por cada transacción que realizaba con los fondos de sus víctimas. Esto, mientras prometía utilidades de hasta un 30% por supuestas inversiones tanto en Chile como en Estados Unidos.

Verónica Avilés, quien reemplazó ayer al fiscal Carlos Gajardo, precisó ayer que a Reyes González "se le imputan los delitos de estafa consumadas de carácter reiterados", por los ilícitos que habría cometido desde 2014.

El defensor del imputado, Gastón Zúñiga, dijo que "él vino voluntariamente al país tras el proceso de extradición activa. En base a esos argumentos es que queremos pedir una nueva formalización y la revisión de las medidas cautelares". Éstas serán revisadas el jueves.

La Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer en el Palacio de La Moneda el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia, el que fue enviado al Congreso por la tarde. La propuesta apunta, dijo Bachelet, a sancionar todos los tipos de violencia públicos "relacionados con actos discriminatorios por religión, sexo, género, orientación sexual, entre otros". Precisó que quienes cometan este delito estarán expuestos a sanciones de hasta 540 días de cárcel y una multa que alcanza las 50 Unidades Tributarias Mensuales ($2,3 millones). En el caso de que un funcionario público se vea envuelto en el delito, la pena puede llegar a los tres años de cárcel. La iniciativa fue enviada sin urgencia.