Juan Riquelme D.

Se imagina vivir en una pieza de 3 x 3 junto a tres personas y cada uno pague mes a mes $70 mil: un abuso. Eso ocurre en calle Condell esquina Prat, en pleno centro de Quillota, y donde se levantaron de forma ilegal unas 28 habitaciones donde viven entre 2 y 4 personas. La mayoría son haitianos con visa de turista, quienes se ven en la necesidad de alojar en ese lugar, pese a que saben están pagando un sobreprecio y lo hacen en instalaciones no adecuadas. La encargada, reconoce el valor del arriendo y asegura incluso que es justo.

El miércoles la gobernación de Quillota lideró un operativo en donde participaron funcionarios municipales, de Salud, bomberos, carabineros y la PDI. En el lugar se encontraban las 58 personas que ocupaban parte de las 28 habitaciones; las condiciones eran inhumanas.

Al lugar se accede por calle Condell número 5, y desde ahí el camino lleva a un segundo piso. En ese lugar, durante muchos años se levantó una discoteca que nunca abrió sus puertas. Años más atrás, se ubicó el hotel "Turismo".

Hoy de la discoteca sólo quedan las paredes, espejos, y una que otra pintura festival. Al interior de la planta de 1.500 metros cuadrados -según los arrendatarios- hay 28 habitaciones instaladas en medio de la pista y divididas con planchas de material ligero. Puertas descuadradas, instalaciones precarias e incluso calefont que están en los pasillos sin ningún tipo de ventilación. Súmele que los cilindros de gas que los abastecen están en el mismo pasillo, y con candado, igual que los extintores. "Esto es una bomba de tiempo", dice uno de los bomberos que acudió al registro durante el miércoles.

Pero eso no es todo. Las instalaciones eléctricas dejan bastante que desear y lo único que parece estar bien instalado es una red de 8 cámaras de seguridad que están en los improvisados pasillos. Gloria Vásquez, la mujer que arrienda la propiedad y que subarrienda a los inmigrantes, dice que operan como medida de seguridad. En una de sus piezas, hay pantallas LED que muestran -día y noche- lo que ocurre.

Al interior de la pieza dos camas, y espacio para que hasta duerman 4 personas. Es decir: $280 mil pesos mensuales. ¿Le parece justo el precio? le preguntamos a la mujer, y ella bajo una bata con la que recibe el operativo, asegura con seguridad que "sí". Su marido, con quien lleva más de 20 años juntos complementa: "Claro que está bien. Acá tienen televisión por cable, internet, cocina, baño, ducha, un buen techo y camas", dice.

Lo cierto es que los baños no son de los mejores. Dos baños con no más de cinco tazas para los 58 que esa noche de miércoles estaban. Tres duchas complementan el servicio.

En la cocina -que también sirve de comedor- hay varias unidades listas para encenderlas. No hay gas porque cada persona, además de pagar el arriendo, debe llevar su cilindro y utilizarlo para cocinar. Cuando termina, se lo lleva la pieza, donde lo guarda hasta cuando lo vuelva a utilizar.

Gloria Vásquez, según el contrato de arriendo que exhibió en el lugar, paga $700 mil a la dueña del terreno y sumando y restando a tres personas en las 28 piezas, mes a mes se endosa poco menos de $6 millones. Un detalle: en mayo se inició un sumario sanitario en su contra, en ese entonces había 18 habitaciones, y ahora incluso se advirtió inicio de obras en el techo del lugar, es decir, hay una intención de seguir recibiendo más gente.

Mientras en la cocina hay varios mensajes pegados en las paredes que en forma intimidante exigen orden. "Dejen la cocina limpia o si no, voy a sacar las cocinas y no me despeguen los papeles", se lee en un cartel, mientras que en otro se aprecia: "Por favor limpien la cocina, no sean tan cochinos".

¿qué viene ahora?

En el lugar ya se había iniciado un sumario sanitario en mayo pasado por 18 habitaciones. Hoy son 28 y el número aumentaría. Salud inició un segundo sumario sanitario.

El gobernador César Barra, quien lideró el operativo no daba crédito de lo que veía. "Pudimos constatar condiciones bastante paupérrimas, de extrema precariedad, sin seguridad, condiciones sanitarias bastante indeseables", dijo. Sobre el hacinamiento, Barra lo calificó de "indigno e indignante".

La autoridad dialogó con algunos de los inmigrantes. "Ellos entienden que el valor que les están cobrando es un abuso en función de su necesidad", dijo, y agregó que "las denuncias por este tipo de hechos se pueden hacer en el Banamor, la gobernación, y la PDI. Queremos dar una señal de que estas situaciones no son tolerables, y que existen sanciones", dijo.

Reinaldo Chong de la oficina de inspecciones municipales acotó que la fiscalización registró "básicamente deficiencias estructurales ya que el inmueble fue modificado completamente y habilitado como residencial precariamente sin permiso alguno porque no había documentación de respaldo". Agregó que la propietaria está al tanto de las obras que se han ejecutado en el lugar, por lo que tanto ella como la arrendataria serán citadas a la dirección de obras. Agregó que pedirán los planos originales, y realizarán una inspección acuciosa del lugar. "Las condiciones estructurales del edificio son precarias, y los migrantes se exponen a una situación de riesgo inminente", dijo Chong.

El funcionario municipal destacó la preocupación constante del municipio, a través de organismos como el Banamor, sobre la situación que viven los migrantes. De hecho, en el operativo de este miércoles fue posible constatar cómo enseres entregados a un grupo de migrantes -camas- habían sido llevados a este lugar.

Sobre la no emisión de boletas -sí de comprobantes- Chong señaló que será materia de la ley de rentas verificar esta ilegalidad.

El comisario Leonardo Ramírez de la PDI de Quillota, señaló que entre las personas que se controlaron no hubo detenidos, y que en la mayoría las personas se encontraban con visa de turista, lo que les permite estar en el país por 90 días. Aclaró el oficial que "en calidad de turista pueden presentarse ante una persona, solicitar trabajo, realizar un contrato y luego hacer los trámites en la gobernación y con eso bastaría para que ellos pudieran realizar una actividad remunerada".