Durante los últimos días hemos visto cómo el fraude en Carabineros de Chile ha acaparado la opinión pública. De acuerdo a la información entregada por el General Bruno Villalobos a la comisión de seguridad de la Cámara de Diputados serían aproximadamente 150 transacciones irregulares, 45 los implicados entre uniformados y civiles, y un monto de defraudación que bordearía los 10 mil millones de pesos.

Tales incidentes deben plantear la necesidad de un rol preponderante de la Contraloría General de la República, que es la que tiene que velar por la legalidad de las acciones y la probidad de las instituciones, por sobre los controles internos. Estos organismos, al igual que en el Ejército, demostraron no ser fiscalizadores suficientemente efectivos.

Dado que la institución es una de las más cercanas y queridas por parte de la ciudadanía, es necesario replantear los mecanismos y procesos fiscalizadores, en Carabineros y en toda la administración pública, que vaya en la línea con mayores demandas de transparencia y que permita evitar este tipo de lamentables situaciones. A ello debemos añadir la necesidad de castigos ejemplarizadores y de la vigencia de una ética profesional como factor crucial en el desempeño de los funcionarios públicos.

Nicolás Fernández.