Por el delito de violación de mayor de 14 años fue formalizado ayer un trabajador que atacó a una mujer en el Barrio Puerto.

Cerca de las 08.00 de la mañana la afectada, una mujer en situación de calle de 40 años, se apersonó en el cuartel San Francisco de la PDI. En estado de shock relató a oficiales de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) que horas antes, cerca de la medianoche, transitaba por el sector Puerto y se topó con un conocido que la invitó a ingerir bebidas alcohólicas en el local comercial -de compra y venta de metales- del cual es peoneta y nochero.

Cuando compartían el sujeto se aprovechó de la confianza entre ambos, y de la indefensión en que estaba ella por su estado etílico, y de forma intempestiva sacó debajo de una cama un arma de fuego, y bajo amenaza de muerte la ultrajó en reiteradas ocasiones. Como la puerta estaba con llave y la alarma accionada, la porteña estuvo retenida hasta la mañana siguiente cuando llegó el propietario del establecimiento. Allí aprovechó de escapar y hacer la denuncia en la PDI. Fue trasladada hasta la Unidad de Emergencia Adulto del Carlos Van Buren donde le diagnosticaron lesiones del ataque sexual, y además pudo reconocer por fotografías al responsable. Tras empadronamientos de testigos y otras diligencias, la Brisexme acudió al mismo local comercial y pilló durmiendo en su pieza al imputado, identificado como E.R.C.D., 40 años, con antecedentes por hurto y robo con fuerza. Le incautaron desde un locker un revólver a fogueo y un cuchillo.

Fabián San Martín D.

Un dolor de cabeza para los bomberos porteños ha sido la construcción del nuevo cuartel de la 16° compañía en la parte alta de Playa Ancha, al punto que dos importantes directivos fueron suspendidos por la institución.

Tras el mega incendio en 2014, la empresa Copec donó al Cuerpo más de $500 millones para levantar un recinto en un lugar estratégico para enfrentar las emergencias. Se escogió un terreno ubicado a metros del acceso a Laguna Verde y La Pólvora. Han pasado dos años y la obra no concluye por falta de recursos, ya que se habrían contemplado trabajos que no estaban considerados en el presupuesto original. Los dardos apuntaron entonces al comandante Enzo Gagliardo y al superintendente Miguel Sánchez, los que se repostularon a los mismos puestos para el periodo 2017-2018, pero no lograron los votos de las compañías. "Su no elección fue una 'pasada de factura' por la actuación de ambos con la fallida construcción del cuartel", dijo a La Estrella un voluntario anónimo. En el caso del ex comandante Enzo Gagliardo, se indicó que fue citado a declarar el pasado 26 de diciembre a la Tercera Sala del Tribunal de Disciplina, por su participación en la construcción del mencionado cuartel. Fue acusado de sobrepasar sus atribuciones en la ampliación de la sala de máquinas; solicitar la construcción de la sala de emergencia sin presentar un proyecto y no contar con recursos; intervenir la obra sin autorización de arquitecto y constructor, y no cumplir con la instalación operativa de la compañía. En el caso del superintendente Sánchez, se lo responsabiliza por su falta de control en el tema. El tribunal de disciplina finalmente determinó suspenderlos e inhabilitarlos para ejercer cargos en la institución.

El nuevo superintendente, Erasmo Olivares, quiso dar una señal de transparencia y referirse a esta situación. "El directorio adoptó realizar una investigación a fin de determinar la circunstancias que nos han llevado a que no esté terminado el cuartel. Estos antecedentes fueron pasados al tribunal de disciplina, y tras una investigación exhaustiva, ha evacuado un informe con suspensión e inhabilitación para ambos para ocupar cargos, pero están en libre plática y siguen siendo bomberos hasta que la sentencia no haya sido ejecutoriada. Se está a la espera de las apelaciones", sostuvo. La resolución final podría conocerse a fines de mes. Olivares añadió que el cuartel tiene un 95% de avance, y como no hay recursos para completarlo, se gestiona con la Junta Nacional y buscan alianzas con otros organismos para financiar lo restante, que asciende a unos $40 millones. El actual superintendente hizo una férrea defensa de los involucrados en cuanto a sus valores y compromiso con la institución. "Tanto el ex superintendente Sánchez como el ex comandante Gagliardo han hecho lo imposible por sacar adelante este proyecto, pero nos hemos demorado mucho. Son errores de gestión y no está en duda la probidad de ambos. Terminaron su mandato el 31 de diciembre y recibimos el traspaso del mando totalmente conformes", enfatizó Olivares, que estima a futuro el Cuerpo deberá asesorarse de mejor forma para proyectos de esta envergadura. Cercanos a los suspendidos indicaron que no hablarán del caso hasta que finalice la apelación.