El Ministerio de Educación dio a conocer los montos que se pagarán por alumno a las instituciones de Educación Superior adscritas a la gratuidad en 2016, siendo $4.500.000 el valor más alto. Como se esperaba, dichos aranceles regulados son más bajos que el costo real de lo que significa educar a cada estudiante.

La sorpresa, es que existan casos en que ese aporte por gratuidad sea casi un 50% más bajo que el costo real de algunas carreras, como ocurre con Medicina y Odontología, que son los programas que exhiben la mayor brecha.

Los efectos negativos que esto puede conllevar son varios, entre ellos, que las casas de estudio pierdan esa justa solvencia para innovar, tener profesores de calidad y mantenerse a la vanguardia con los equipos técnicos y científicos que se necesiten.

Las universidades afectadas deberán rápidamente diseñar estrategias de mitigación que les aseguren su supervivencia financiera en el mediano plazo. Una situación que, sin duda, tendrá consecuencias en la calidad de la educación ofrecida o en el número de matrículas disponibles en las carreras cuyas brechas financieras sean mayores.

Si el cálculo de los aranceles referenciales no se ajusta mejor a la realidad a partir de 2017, el gran perdedor de esta nueva política de financiamiento será el país, pues en un corto plazo verá disminuido el número de profesionales bien preparados en áreas como la salud, que tanto necesita el país.

Si bien la política de gratuidad en sí no es negativa, situaciones como ésta demuestran que se trata de una iniciativa que no está bien planificada, y que requiere de un debate técnico y especializado, más extenso y profundo.

Paulina González-Pose

Académica del Centro de Investigación en Educación Universidad de los Andes