Más de un billón y medio de pesos tiene el ministerio de Vivienda y Urbanismo para invertir este año. Entre diferentes materias, la secretaría de Estado espera entrega con parte de ese dinero unos 100 mil subsidios destinados a que los chilenos puedan mejorar sus casas. Esto, gracias a al programa de mejoramiento de viviendas y barrios, que a su vez cuenta con una subdivisión de dineros específicos para viviendas sociales.
El programa, que existe desde 2007 y que llegó a reemplazar al de protección al patrimonio familiar, tiene diferentes montos de apoyo, los que varían desde las 12 ($295.404) hasta las 90 UF ($2.215.530), que dependen de la comuna y demandas de cada sector.
El dinero está pensado para los arreglos del entorno, ampliación de la vivienda (ya sea departamento o casa), o el mejoramiento de condominios sociales.
En este último punto, el ministerio promete intervenir 16.900 unidades habitacionales, en las que se entregarán un subsidio base de 80 UF ($1.969.360) que podría ir subiendo según la necesidad del grupo habitacional. Esto, según explicaron desde la secretaría de Estado, se enfoca en grupos de departamentos que necesitan de arreglos comunitarios, como por ejemplo acondicionamiento térmico, alumbrado y escaleras, entre otras.
¿Cómo postular?
Para solicitar el arreglo de la vivienda o del conjunto habitacional en el que se vive se puede hacer de forma individual o colectiva, dependiendo de a qué subsidio es el que se quiere adquirir.
Si es el de recuperación de condominios, deben ser familias o vecinos que se organicen para pedir un bien común; ahora si es un mejoramiento de viviendas o barrio, puede ser en ambas modalidades: individual o grupal.
Entre los requisitos está que el postulante sea propietario de un hogar que haya sido entregado por el Serviu y no supere las 650 UF ($16.001.050). Además, hay que tener un ahorro mínimo de 1, 3 ó 5 UF (entre 24 mil y 120 mil pesos) dependiendo del subsidio al que postulen, y no tener otra vivienda.
Para la recuperación grupal se debe acreditar que sea un condominio de vivienda social, que al menos el 60% de las familias tenga ficha de protección social y que el condominio sea de interés regional, según se estime. J