Tras un acucioso análisis del informe final de la Contraloría Regional que confirmó irregularidades en el contrato de diseño y construcción del nuevo Hospital Gustavo Fricke en el período 2009-2013, el diputado Rodrigo González no descartó la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en caso de confirmarse la existencia de delitos.
En una reunión que se extendió por casi una hora en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, el diputado del PPD junto al director de este organismo, el doctor Francisco Acevedo, además de asesores jurídicos del servicio y representantes gremiales del hospital, se analizó el informe del organismo contralor.
A juicio del parlamentario, en general existe satisfacción por la labor desplegada por la Contraloría y que permitió detectar graves irregularidades en el cumplimiento del contrato del nuevo hospital durante la anterior administración del servicio.
"Estamos muy contentos de la respuesta que nos ha dado el servicio en el sentido que se van a aplicar con mano muy firme todas las medidas que la Contraloría ha planteado y además, y lo más importante, si hay situaciones que revistan carácter de delito, el servicio de salud va a presentar todos los cargos ante el Consejo de Defensa del Estado para que estas situaciones queden definitivamente dilucidadas en la justicia", precisó el parlamentario.
Rodrigo González añadió sin detallar los montos, que además de los recursos que aparecen mencionados en el informe de la Contraloría - la multa de 240 millones de pesos que no fue cursada a la empresa Arquitecto Misael Astudillo Ltda. - existirían otros recursos de "significativa envergadura" que tendrán que ser clarificados como resultado de los sumarios internos que se encuentran en curso.
Tras la reunión, el director del SSVQ, Francisco Acevedo precisó que se le entregó toda la información solicitada al parlamentario y también respecto de las acciones que la dirección ha adoptado tras conocer el informe del ente contralor.
Acevedo reiteró que las irregularidades detectadas no involucran a la actual administración que encabeza y que en el caso de la multa que no fue cursada, serán los funcionarios que estuvieron involucrados los que tendrán que responder financieramente. J