Una querella contra el sujeto que a través de las redes sociales amenazó con detonar una bomba en el metro regional, interpuso ayer el gobierno en el tribunal de garantía de Valparaíso.
El intendente Ricardo Bravo explicó que la acción legal se basa en la ocurrencia de tres delitos: alarma de calamidad pública, amenazas y desórdenes graves. Esto luego que el sospechoso -que sería oriundo de la zona- anunciara a través de la red social Twitter la instalación de una bomba de ruido en una de las estaciones del Merval, advertencia que no se concretó. 'Fue una amenaza que apareció en los medios electrónicos, y nos generó la necesidad de esta querella, para que la persona que lo hizo en forma irresponsable tenga la sanción correspondiente', expresó el jefe del gobierno regional. Añadió que a través del monitoreo de la cuenta se ha logrado una identificación, la que no fue revelada.
Manifestó Ricardo Bravo que tras la denuncia es atribución del ministerio Público entregar el caso a la policía para la investigación y arresto del responsable, el que debiera quedar con medidas cautelares en caso de una formalización o posterior juicio.
El intendente expresó que no se ha definido la motivación que hay detrás de la amenaza, lo que será resuelto por la investigación, pero lo que sí está claro es que 'ha amenazado y puesto en riesgo el orden y seguridad. Estas conductas son inaceptables en una estado de Derecho y haremos todo a nuestro alcance para mantener la seguridad de las personas, que se respeten los derechos y se cumplan los deberes'.
Ricardo Bravo ayer se reunió con el Fiscal Regional para buscar fórmulas y mecanismos que permitan perseguir en forma eficaz a los inescrupulosos que ejecuten falsos avisos de bomba, que desde julio pasado suman 17 llamados telefónicos. Anunció que a través del departamento OS-10 de Carabineros habrá un monitoreo a los centros comerciales, supermercados y otros lugares de afluencia de público, para que adopten medidas de seguridad efectivas para así dar tranquilidad a los consumidores.
El abogado Alejandro Chaparro, coordinador regional del ministerio del Interior, señaló que las penalidades por los delitos establecidos en la querella son menores a los cinco años y un día de presidio. 'Al existir una concurrencia de delitos, lo que buscamos es que se aumente la penalidad en un grado, apuntamos a que sean responsables de un conjunto de delitos y de esta forma aumentar la penalidad y que cumpla en forma efectiva en la cárcel', recalcó el profesional.
