l La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Chile por haber violado los principios de legalidad y presunción de inocencia de siete mapuches y una activista sentenciados bajo la Ley Antiterrorista durante la década pasada. Los jueces establecieron que no se respetó el debido proceso ni la presunción de inocencia en las causas de 2003, y que los magistrados dictaron condena basándose en estereotipos.

Ante ello, la CIDH ordenó que el Estado chileno debe adoptar 'todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto las sentencias condenatorias emitidas en contra de las ocho víctimas'.

Esto, a pesar de que ya cumplieron sus condenas. También le exige que le brinde atención de salud y sicológica gratuita reparatoria, acceso a becas de estudios a sus hijos, y a pagar indemnizaciones de $28 millones por condenado y unos $57 millones por gastos del proceso judicial. En el Gobierno y el Poder Judicial dijeron que Chile acatará el fallo, aunque los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia, Heraldo Muñoz y José Antonio Gómez, coincidieron en que ahora deberían leer la sentencia para determinar la manera en que cumplirán.

El ministerio de Educación tomó una sorpresiva decisión tras la reunión de gabinete político ampliado del martes y, acogiendo las peticiones de apoderados y sostenedores, quitó la fecha de término del proceso de fin del copago que hacen las familias para la enseñanza de sus hijos en colegios particulares subvencionados, que inicialmente se había fijado en una transición de 10 años.

La subsecretaria Valentina Quiroga explicó ayer que la medida se adoptó para discutir de manera más constructiva con los actores del sector que participan en los diálogos ciudadanos, que partieron a mediados de julio.

La autoridad añadió que de ninguna manera el plazo será indefinido, pero agregó que de la fecha que se acuerde va a depender la manera en que se incrementarán los recursos para este tipo de educación.

Organizaciones de sostenedores han planteado que un cambio de este tipo requiere un acuerdo nacional y un plazo que fluctuaría entre 15 a 30 años, para evitar afectar a quienes están en el sector.

El proyecto del Gobierno plantea que las familias dejarán de pagar por la enseñanza de sus hijos, dinero que se reemplazará por dinero fiscal para todos aquellos colegios que se conviertan en corporaciones y fundaciones sin fines de lucro.

A ello sumará un aumento de la subvención por alumno, lo que beneficiará particularmente a los de hogares más pobres. No obstante, los sostenedores acusan que las medidas beneficiarán sólo a quienes copaguen hasta $80.000 mensuales.

Quiroga ayer respondió que 'aquí no va a haber ninguna reducción de recursos de ningún tipo (...) Las familias pueden estar tranquilas '.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, aseguró que esto es una señal de que el titular del ramo, Nicolás Eyzaguirre, está por impulsar el diálogo, pero reiteró que en el no se modificarán los ejes de fin del lucro con platas públicas, del copago y de la selección.

Hernán Herrera, presidente de una de las asociaciones gremiales de colegios particulares subvencionados, Conacep, valoró la decisión. 'Siempre dijimos que no había que autoimponerse plazos', afirmó, añadiendo que esto demuestra que el rechazo de su sector 'no fue una campaña del terror', sino que la 'reacción natural a un proyecto malo' que había que revisar. J