Defensa de Johanna pide rebaja de perpetua a 12 años de cárcel
Buscan que nuevos jueces vean las pruebas, que se rechace la agravante de alevosía y que sí hubo colaboración.
Revertir la categórica pena de presidio perpetuo calificado busca la defensa de Johanna Hernández, condenada por el horrendo crimen del profesor Nibaldo Villegas.
El abogado Leandro Díaz, defensor particular de la mujer, confirmó a La Estrella que ayer una vez cumplido el plazo máximo de 10 días que otorga la ley, introdujo un recurso de nulidad a través del portal electrónico de la Corte de Apelaciones. Indicó que ahora será el Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar quien determinará si la acción legal irá de forma directa al tribunal de alzada porteño o a la Corte Suprema.
Vicios en el fallo
Tras analizar el adverso fallo a sus pretensiones, la defensa de Hernández alega que hubo vicios de procedimiento y una errónea interpretación del Derecho.
"Pedimos la nulidad del juicio y de la sentencia para que se realice un nuevo juicio oral. Esto atendido a la no consideración de las pruebas, el tribunal no explicó claramente los fundamentos del fallo, no se hizo cargo de algunas pruebas en su totalidad; en su sentencia los magistrados omitieron pasajes importantes de las declaraciones de los funcionarios policiales y algunos testigos, para dar hechos como probados. La ley exige que la sentencia contenga elementos claros y precisos y acá ello no ocurrió", explicó Díaz.
El abogado añadió que en caso de no ser acogida esta causal principal, espera que la justicia reconozca a su clienta la atenuante de colaboración sustancial con el proceso.
Para acreditarlo esgrimen cerca de 9 puntos en que ella habría cooperado en las diligencias posteriores a que se descubriera el crimen, lo que sirvió para acotar el proceso investigativo y llegar a la verdad de lo ocurrido.
No hubo alevosía
En el recurso la defensa también solicita que no se reconozca la agravante de alevosía. "Hay una errónea interpretación del Derecho que influyó en el fallo, en cuanto a la atenuante que no fue considerada y la agravante que sí fue considerada", señala Díaz.
En base a estas consideraciones, si la justicia acoge los planteamientos de la defensa, se solicita que la pena de presidio perpetuo calificado sea rebajada a 12 años. " Si Johanna tiene dos circunstancias atenuantes, que es lo que estamos discutiendo, la ley señala que la pena puede quedar entre los 10 años y un día y los 15 años, y nosotros estamos pidiendo 12 años en esta segunda instancia", argumenta el abogado.
Díaz agregó que "queremos se anule el fallo y la sentencia, que se haga un nuevo juicio oral en el mismo tribunal, pero integrado por otros magistrados".
La ley no permite que en un segundo juicio se incorporen nuevas pruebas, pero Díaz estima que otros jueces podrían apreciar de mejor manera la evidencia.
"Hubo grabaciones y filmaciones ilegales a mi clienta, no autorizadas por un juez, que fueron usadas por peritos y el tribunal que falló no se hizo cargo de eso", dice.
Independiente de si el otro condenado Francisco Silva apele o no a su condena, el TOLP de Viña del Mar remitirá los antecedentes a la Corte porteña o el máximo tribunal del país que determinará la admisibilidad del recurso. Con ello los condenados volverán a ser imputados hasta que la justicia resuelva. Tras las contestaciones y alegatos de los intervinientes, en dos a tres meses habría una resolución del caso.
Respecto de su clienta, Leandro Díaz manifestó que a diario conversa con ella. "Ha estado más tranquila, aunque obviamente con una preocupación enorme por la sentencia", admitió el abogado.