Fabián San Martín D.

Socios y voluntarios de la Sociedad Protectora de Animales de Valparaíso, Corporación Carlos Puelma Besa, se querellaron ayer en contra de la presidenta de la entidad Marina González y el directorio de la entidad.

La abogada Karen Neira, patrocinante de la acción legal presentada ayer en el Tribunal de Garantía porteño, explicó que el libelo está dirigido a quienes resulten responsables de reiterados actos de negligencia y maltrato animal en el canil ubicado en Laguna Verde.

Denuncias

Las irregularidades vendrían ocurriendo desde el año 2015 a la fecha, y tendrían relación con una mala alimentación de los ejemplares, falta de manejo sanitario con profesionales de medicina veterinaria de acuerdo a las necesidades de un refugio de mascotas (como el no tratamiento médico a cachorros con enfermedades virales que terminó con varios fallecidos); deficiencia de los caniles ante condiciones meteorológicas adversas, porque los animales pasarían el invierno afectados por agua y humedad, entre otras denuncias.

Consultado por la evidencia para sustentar estas acusaciones, la abogada manifestó que antiguos socios encargados de adopciones registraron todas estas falencias a través de fotografías y documentos. Ellos después fueron impedidos de ingresar al recinto.

En la querella se piden alguna diligencias, como la citación a declarar a médicos veterinarios, peritajes profesionales para ver las actuales condiciones de los animales, una inspección al terreno para determinar la situación sanitaria, que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) fiscalice la higiene y sanidad del recinto, entre otras diligencias. También esperan conocer el informe entregado por la Brigada del Medio Ambiente (Bidema) de la PDI a la Fiscalía, tras una inspección realizada al canil meses atrás.

En una declaración pública las querellantes comentaron que "de forma arbitraria y contrario a los estatutos de la corporación", la presidenta de la sociedad protectora prohibió el ingreso al canil de socios y voluntarios que realizaban actividades en beneficio de los animales, entre ellos el equipo de adopciones que aseguran en tres años encontró un hogar a más de 500 mascotas.

"Si bien se buscan sanciones penales, la intención principal de los socios es obtener un ingreso al lugar para dar protección y cuidado a los animales, ya que hace tiempo no pueden entrar", explicó Karen Neira.

Niega acusaciones

Marina González, presidenta de la Corporación, calificó de falsas las imputaciones realizadas en su contra por este grupo de socios y voluntarios. "La querella es de un grupo reducido de personas que se hicieron pasar por voluntarios de la Protectora, esa agrupación no está dentro de nuestros estatutos. Trataban de sacar los perros a la calle, cosa que prohibí porque se instalaba una gran población alrededor de la protectora y eso generó la molestia de ellos".

La dirigenta rechazó las acusaciones de maltrato y hacinamiento, ya que asevera la propiedad tiene una capacidad de 700 animales y hoy existen 480. "Lo que se nos imputa es absolutamente falso. Los animales están bien alimentados, se gastan más de 3,5 millones mensuales en comida y cuentan con suficiente agua gracias a un convenio con la municipalidad", señaló González.

Agregó que "además tenemos personal de patio contratado con toda la documentación en regla, así como una profesional veterinaria que se encarga de la atención médica. Ella acude al canil cinco veces a la semana. Cualquiera puede calumniar, pero lo importantes es probarlo y con nuestros abogados vamos a probar que todo lo que se dice es absolutamente falso".