Padres se niegan a entregar a sus siete hijos al Sename
Viven en la clandestinidad y cinco niños llevan meses sin ir a clases. Hay querella en su contra por "sustracción de menores y negativa de entrega de menor". Ellos piden ayuda legal.
Prófugos de la justicia se hallan los progenitores de siete niños, tras no acatar la decisión del Tribunal de Familia de Valparaíso que les ordenó entregarlos al Servicio Nacional de Menores (Sename).
Los protagonistas de esta historia son F.O.O.O., de 38 años, y su conviviente Y.M.V.M., de 28. Esta última, madre de siete hijos de 2, 4, 5, 6, 8 y 9 años (gemelos). Los últimos meses han sido caóticos para esta familia porteña, ya que cambian constantemente de domicilio dentro y fuera de la región, para no ser ubicados por agentes de la ley.
Y.M., madre de los infantes, cuenta que los problemas partieron hace unos tres años, cuando desde un consultorio cercano a su domicilio alertaron al Sename de que los niños no iban a los controles.
"Sola con siete niños en la calle era muy difícil llevarlos todos juntos. No sé qué les pareció mal a ellos. De allí empezaron a hacernos vigilancia", asegura.
Los padres admiten que hubo inasistencias a clases de los hijos en etapa escolar, las que fueron situaciones puntuales. Exhiben diplomas donde se acredita que tienen buen rendimiento académico y participan de actividades deportivas. "Todos sacaron buenas notas, arriba del 6.... Les va súper bien en la escuela, pero le buscan la quinta pata al gato", afirma el progenitor.
La pareja dijo que la vigilancia de profesionales del Sename se mantuvo en el tiempo, al punto que se vieron presionados a vender una casa que tenían cerca de camino La Pólvora. "No les gustó la casa porque tenía mucho barro, y que los niños pasaban encerrados. Nosotros la estábamos refaccionando para vivir bien", dice la mujer.
Custodia
Los problemas no cesaron. El año pasado el Tribunal de Familia dejó la custodia de cinco menores en manos de la abuela paterna. Los más pequeños quedaron con la madre biológica. El padre declara que, en una audiencia a la que llegó atrasado, se le dictaminó una orden de alejamiento.
Ambos enfatizan que no poseen antecedentes policiales ni problemas de adicciones y tienen los recursos para la manutención de los pequeños. "Inventan cosas como que mi suegra es alcohólica o que yo soy golpeadora de los niños y drogadicta, pero es mentira. Estoy dispuesta a hacer lo que ellos me digan, un examen de droga... lo que sea para taparles la boca", afirma molesta la madre, ya que a fines de abril el juzgado dispuso que los siete debían ingresar a residencias del Sename por un lapso de seis meses.
Ellos no aceptaron la resolución y optaron por la clandestinidad. Desde esa fecha, cinco niños no acuden a la escuela por miedo a que la policía se los lleve. La madre está citada a una audiencia para el 8 de agosto, a la que no quiere ir. Teme quedar detenida y que los niños sean repartidos en residencias del Sename.
"Están acostumbrados a nosotros y sus hermanos, nunca se han separado ni estado en un hogar. Queremos un buen abogado que nos ayude para que podamos vivir tranquilos como familia", dice.
Sename
En el Sename declinaron por ahora referirse al tema porque están a la espera de la resolución del Tribunal de Familia del 8 de agosto. No obstante, fuentes ligadas al caso señalaron que el organismo halló "acciones de negligencia, violencia intrafamiliar y consumo de drogas y alcohol" por parte de los progenitores, quienes no habrían asistido regularmente a programas de prevención del maltrato y de desintoxicación.
Al detectarse también negligencia en la custodia temporal, el 30 de abril el tribunal dispuso que los siete fueran ingresados al Sename por seis meses. Al incumplirse la medida, tanto el organismo estatal como el Tribunal de Familia se querellaron por "sustracción de menores y negativa de entrega de menor" contra quienes resulten responsables. Se considera que la madre hizo una sustracción ilegal de los menores porque no tenía el cuidado personal de ellos, pese a ser la madre biológica.
Actualmente hay vigente una orden de búsqueda para los cuidadores. Se determinó su presencia en un domicilio, pero el juzgado de familia no autorizó el ingreso de la fuerza pública, a la espera que la madre se presente a la audiencia de revisión que será el 8 de agosto. De no hacerlo, se indicó que se expone a que a futuro no pueda estar con ellos por un tiempo prolongado, hasta que demuestre avances en su recuperación.