Fabián San Martín D.

Hoy, o la próxima semana, se conocerá el futuro legal de los marinos procesados por el escándalo de espionaje sexual a mujeres de dotación de la fragata Almirante Lynch.

Cerca de las 14.00 horas de ayer y durante una hora, en la Corte Marcial de Valparaíso se desarrollaron las apelaciones de los autos de procesamiento de seis de los ocho tripulantes imputados por la grabación y difusión de imágenes privadas e incumplimiento de deberes militares.

Los ministros ya tomaron una decisión respecto de si proceden con los autos de procesamiento en contra de los uniformados, pero este veredicto sólo será comunicado en carta certificada a los abogados defensores de cada uno de ellos.

"trofeo de guerra"

Aunque la atención mediática estuvo ayer concentrada en la Corte Marcial -donde no asistieron los uniformados procesados-, tras la audiencia se conocieron nuevos antecedentes del caso y una de las pruebas cruciales de la investigación, que podría agravar aun más la situación procesal del hasta ahora único detenido, imputado de realizar las grabaciones íntimas de sus compañeras de armas.

Según confirmaron fuentes ligadas al caso, durante la inspección de una maleta que guardaba el uniformado en el sector de los lockers o casilleros del buque, se descubrió una prenda íntima femenina, específicamente del tipo calzón.

En primera instancia, el uniformado manifestó que la prenda era de su polola, pero finalmente reconoció que correspondía a una de las marineras de la fragata Almirante Lynch.

Alegó que otro de los imputados en la investigación fue el autor de la sustracción de la vestimenta desde una de las habitaciones de la compañera y señaló que la prenda posteriormente fue compartida entre ellos como si se tratara de un "trofeo de guerra", indicaron fuentes ligadas al caso.

Habría declaraciones cruzadas entre los coautores sobre la reponsabilidad que les cabe en el hurto. Trascendió que hasta el momento se ha verificado que sólo una de las mujeres fue víctima de la sustracción de ropa interior, la que ya reconoció como de su propiedad, pero no se descarta que otras tripulantes se hayan visto afectadas por esta insólita práctica. La Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de Valparaíso tiene a cargo las diligencias para esclarecer el intrincado caso que sacude a la Armada.

La Estrella consultó al capitán del navío Leonardo Chávez, director de Comunicaciones de la Armada, por estas nuevas revelaciones sobre el caso, pero el oficial declinó entregar una versión, indicando que la institución no se pronunciará sobre el caso hasta terminada la investigación.

"una niñería"

El único detenido en la causa es Raúl Órdenes Vega. Su abogada Jacqueline Henríquez manifestó que la medida cautelar de prisión preventiva para su representado es un hecho grave en el sistema procesal arcaico como el de la justicia militar.

Antes de la audiencia, ella se refirió a la actuación de su cliente, la que calificó como "una niñería".

"No estamos frente a una red de espionaje ni a un sistema sofisticado... Yo diría que es un hecho puntual, una niñería... Mi representado cometió un error, una falta, una cosa casual que se le ocurrió en el momento", afirmó la abogada, quien también entregó antecedentes sobre los encuentros que ha sostenido con su representado en su lugar de arresto en el cuartel Silva Palma, donde ha sido visitado por sus familiares cercanos.

"Anímicamente está muy mal, muy shockeado por todo esto. Nunca pensó e hizo esto con el afán de cometer un crimen ni dañar a sus compañeras de armas. Está arrepentido en el sentido que nunca fue su intención ocasionar daño ni dolo", enfatizó la abogada, quien se mostró extrañada por el hecho de que el comandante en jefe de la Armada, almirante Enrique Larrañaga, haya revelado detalles pormenorizados de la investigación, que los defensores no poseen, durante una sesión en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

A juicio de la abogada el caso ha sido "sobredimensionado" de manera mediática y espera que la justicia naval realice "una investigación seria, con celeridad e imparcialidad para saber la verdad de lo acontecido en la fragata". Considera que en esta primera etapa del proceso no hay presupuestos para calificar el actuar de su cliente como doloso.

"sólo recibió"

El abogado Camilo Guzmán, quien defiende al marinero 1° D.R., de 22 años, comentó que su representado solo fue receptor de una imagen y no tuvo participación en la grabación.

"Mi cliente sólo recibió una imagen a través de whatsapp en su celular y nada más. No la difundió ni le dio importancia. Quizás cometió una falta al no avisarle a sus superiores y pueda recibir una medida disciplinaria, pero no la imputación como autor de un delito"", sostuvo.

El profesional añadió que, por la información que maneja, "las imágenes de los videos son tan borrosas, que no se puede determinar en que condiciones estaban las víctimas". Su cliente fue derivado a otra repartición a la espera del resultado del sumario, y está consciente que es muy posible sea licenciado del servicio.

Julián Martínez, abogado del marino M.A.C., de 27 años, declaró a la prensa el grado de participación de su cliente: "Dijo que solamente miró las imágenes que llegaron a su celular, el que está siendo periciado por la PDI. Pero no hay grabación ni difusión de imágenes, solamente tuvo acceso a verlas. Acá nunca hubo red de espionaje sexual".

Su defendido está angustiado por su inminente salida de la institución uniformada. Respecto de su alegato ante la Corte Marcial, expresó que se basaron en que no existen los requisitos legales para acreditar los delitos que le imputan, donde todos los involucrados aparecen en calidad de autores sin distinción de sus grados de participación.

Tal como sus pares, el abogado solicitó la revocación del auto de procesamiento, lo que implica la absolución de los delitos y que, en el peor de los casos, continúe la investigación administrativa interna, por incumplimiento de deberes militares u otras faltas. Como defensa, anunció que pedirán mayor publicidad de la causa para una mejor defensa.

Ministerio militar

Durante la audiencia de ayer, realizada frente a cuatro ministros de la Corte Marcial -civiles y oficiales navales-, el Ministerio Militar se extendió por media hora, mientras que cada defensor tuvo un plazo de 20 minutos.

A la salida del procedimiento, el abogado Jaime Correa, delegado del Ministerio Público Militar, se explayó sobre el planteamiento de la Fiscalía Naval de la Escuadra, donde pidieron la confirmación del auto de procesamiento.

"Existen múltiples pruebas que no son sólo las filmografías, sino que una serie de testimonios coherentes y congruentes, así como testigos presenciales -unas 8 personas- de las filmaciones y de las grabaciones en los dispositivos. También inspecciones y otros elementos probatorios que acreditan la ocurrencia del ilícito y del cargo de incumplimiento de deberes militares", manifestó el profesional.