La consulta ciudadana que anunció la Presidenta Michelle Bachelet el martes pasado sorprendió a varios por la posible inclusión, en un futuro, de representantes de los pueblos ancestrales en el Parlamento. Sin embargo, este proceso tiene varias etapas y características que prometen cumplir con una deuda pendiente que tendría en el país principalmente con su democracia.

La ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, en conversación con La Estrella aseguró que todo este proceso se realizará como parte del cumplimiento del convenio 169 de la OIT, que incluye una consulta participativa y flexible, es decir, que responda a los requerimientos de los territorios y a las características culturales de cada uno de los pueblos consultados.

Según explicó la secretaria de Estado, el primer paso será realizar una convocatoria amplia, la primera quincena de julio, que involucra un llamado en medios escritos, radios y sitios web a todas las comunidades y organizaciones ancestrales. 'En esta instancia se va a señalar el cuándo, dónde y cómo se realizarán las consultas. Entendiendo que cada comuna o pueblo tendrá requerimientos diferentes', explicó Villegas. Para la coordinación también se contará con los representantes de las Conadi en todas las regiones del país.

Una vez definido ello, se efectuará la segunda etapa, que tiene que ver con la entrega de información, donde desde el Estado se entregarán contenidos específicos de diferentes formas, incluido la representación legislativa, la creación de un ministerio y un consejo de pueblos indígenas, y la compra de tierras, entre otros.

'La idea es que sea lo más completo posible, respondiendo preguntas, para que todo quede bien claro', relató Villegas.

En la tercera etapa el Estado se retirará y quedarán los pueblos y sus representantes debatiendo sobre lo conversado. Allí es cuando deben decidir qué se acepta, con qué se está de acuerdo y con qué no; para luego volver a reunirse y comenzar el diálogo para establecer los acuerdos.

'Todo este proceso debe durar hasta 125 días hábiles (un poco más de 6 meses) y una vez concluida y procesada la información se enviará el documento al Congreso como un proyecto de ley', anunció Villegas, que agregó que con esto se está 'reconociendo la pertinencia y la legitimidad de la participación de los pueblos indígenas y la sociedad está ganando en democracia. Por eso no puede ser un acto puramente administrativo'.

Dentro de las consultas, según dijeron en el ministerio de Desarrollo Social, también se espera que participen alcaldes y concejales que estén al tanto de lo que ocurre. J